Autorizar el corte de árboles próximo a dos presas del nivel de Valdesia y Jigüey es un abuso de marca mayor que debe provocar una reacción en cadena de toda la sociedad, a fin de evitar que se ejecute el permiso otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente.
Hay un permiso, no un rumor, que demuestra que ese Ministerio autorizó cortar más de 56 mil árboles de pino de oro (Grevillea Robusta), una de las especies de más demandas en la industria del mueble, bajo el argumento de que no es endémica de la zona.
Existen severas restricciones para su explotación en muchos países de la región, a pesar de ser originario de Australia. Es un excelente árbol para reforestar debido a su rápido crecimiento y resistencia a la sequía.
En este caso hay mucha confusión, por lo que Bautista Rojas, que conoce muy poco de la problemática ambiental, no debe darse el lujo de que el caso se le complique como en otras ocasiones.
En la zona donde se autorizó la tala fue en la loma Cerro Prieto que está dentro del Parque Nacional Luis Quin. Eso no es cualquier cosa en materia ambiental, ya que de ahí depende mucho el suministro de agua potable a los habitantes de una parte del sur, la capital y Santo Domingo Este.
Más que explicar a la sociedad, el ministro debe buscar una solución que no incluya el corte de los árboles, más que ya se encuentran en una zona protegida. Excepto cuando técnicamente se pueda demostrar que el dejarlo en el lugar provocaría daños insalvables a las especies endémicas.
También hay que reconocer que las personas que invirtieron en la siembra de los árboles, que de acuerdo a Medio Ambiente fue en el año 2001, cuando todavía no era un parque nacional, debe tener algún tipo de compensación.
Una salida al problema sería que el Gobierno pague a los propietarios de la finca los árboles sin necesidad de cortarlos, de modo que no se produzcan los daños.
Sin embargo, si la única salida, desde el punto de vista ambiental es la tala, entonces Bauta debe convencer a la sociedad de la viabilidad de la medida y las razones científicas que avalen el permiso otorgado por los técnicos de Medio Ambiente.
