El pasado miércoles estuve de visita en Bonao, provincia Monseñor Nouel, sosteniendo reuniones con líderes y dirigentes comunitarios, políticos y sociales, para conocer sus reacciones ante el impacto del cierre o shut down de la empresa Falconbridge Dominicana, lo que ha provocado el despido de 900 empleados. Mañana domingo, a las 9 de la mañana, por Color Visión, transmitiré por Líderes el reportaje completo de esos encuentros.

Si alguien tenía duda del impacto de la crisis financiera global, lo invito a que visite Bonao. Hace unos meses, Bonao ya había sufrido el cierre casi total del Parque Industrial de Zonas Francas y de la disminución de las operaciones de la Zona Franca Dos Ríos, y ahora sufre con el cierre de la Falconbridge, la cual, en razón de la influencia que tiene, agrava la situación de la provincia.

El bajo precio del níquel y las fluctuaciones en el precio del petróleo fueron los dos argumentos que motivaron la decisión de cierre temporal. El modelo de negocio era rentable, y fueron despedidos los 900 empleados, lo que repercutirá en 4,000 o 5,000 personas que dependen de estos empleos. También, tendrá efecto dominó en el comercio.

Cuando uno analiza la situación, se pregunta: ¿Pero, cómo es que siendo el Estado accionista de la Falconbridge con 285,982 acciones, no tuviera un rol más activo? ¿Cómo es que siendo el Estado dominicano cliente de la Falconbridge en la compra de energía, no buscara una fórmula más creativa para evitar que 900 dominicanos fueran despedidos? ¿Qué pasó desde el momento en que el Estado tuvo conocimiento de la decisión que iba a adoptar la empresa, en agosto pasado?

La reacción del gobierno ha sido tardía. Después del palo dado, como popularmente se dice. Ya las cartas comunicando el desahucio han sido distribuidas, por lo que la acción del gobierno es luego de que la decisión corporativa ha sido tomada. A pesar de esto, es posible revertirla, aunque su solución sea más compleja. Si para las zonas francas se creó un fondo de estabilización para empleo, sería prudente crear un fondo para la protección de los empleados desahuciados por la Falconbridge, con los mismos recursos que genera la compra de energía a esta compañía multinacional, sin costo adicional para el pueblo dominicano.

Por otra parte, el cierre temporal de la Falconbridge ha relanzado al debate sobre el destino de los beneficios que han generado las 285,982 acciones del Estado dominicano, y que, en razón de la Ley 507-05, se deben distribuir en 70% para la provincia de Monseñor Nouel; 20% para La Vega; y y 10% para Sánchez Ramírez. Sería saludable que se publicara lo que se ha hecho en la provincia de Monseñor Nouel con estos recursos, pues esta provincia padece de una serie de problemas (como la carencia de agua potable y electricidad, a pesar de sus extraordinarias fuentes hidrográficas).

La crisis financiera global ha demostrado que es la hora de gobernar. En Bonao, el gobierno tiene las soluciones en sus manos.