El Presupuesto del Estado quedará virtualmente inalterado por tercer año consecutivo como fiel reflejo de la camisa de fuerza que nos hemos creado con leyes sin sentido. La cultura legislativa de trazar porcentajes de gastos del Presupuesto en leyes particulares representa un problema que no tiene razón de ser y que urge sea atendido dentro del marco del tan sazonado pacto fiscal, que luce cada vez más inevitable para el 2015. La sociedad deberá asumir con consciencia que hablar del 4% del PIB para Educación, 5% del presupuesto para la UASD o el 10% del presupuesto para los Ayuntamientos, entre otros absurdos legales, no es posible para un país que aún no resuelve muchos de sus problemas fundamentales, destacándose entre ellos su incapacidad de mantener una presión tributaria que pueda mantenerse a la par con el crecimiento de su Producto Interno Bruto.
De manera persistente más de una veintena de leyes que asignan porcentajes del presupuesto a partidas específicas son violentadas año tras año. Más que hablar de “falta de voluntad” del Poder Ejecutivo, debemos llegar a la conclusión de que en definitiva estamos inundados de leyes malas para las que no hay otro remedio que ignorarlas. El problema no es si los porcentajes arbitrariamente asignados en cada una de esas leyes son demasiado altos o si las mismas se realizaron sin ningún tipo de estudio, sino que el ejercicio de asignar gastos en el presupuesto a priori está fundamentalmente mal.
El caso de Educación, la única asignación legal que se viene cumpliendo, es una muestra bastante clara de ello. Esta está atada al PIB sin tomar ningún tipo de consideración sobre la capacidad recaudatoria del Estado, ni la estructura tributaria vigente en el país. Mientras el PIB sigue creciendo, y con él el dinero a asignar a Educación, la recaudación tributaria con relación a este sigue reduciéndose. Esto ocurre debido a otro montón de leyes, distintas a las ya mencionadas pero igualmente absurdas, que han venido promoviendo el crecimiento fraccionado de la economía otorgando exenciones fiscales a sectores específicos, pretendiendo cargarle la factura al resto.
Más aún, el Ministerio de Educación ha sido obligado a hacer una transición poco planificada hacia un presupuesto que duplica al que por décadas venía manejando, resultando en que gran parte del 4% del PIB que se le destina permanezca sin ejecutar y que en gran medida no luzca con una estructura preparada para manejar todos los proyectos que este nuevo presupuesto le implica. Por el momento, ninguna de las otras entidades con reclamos tendentes a hacer valer sus porciones del presupuesto determinadas al dedo en leyes absurdas ha demostrado que en su caso las cosas serían distintas.
La repartija legislativa del presupuesto ahora ha hecho prisionero el dinero de los contribuyentes, y el Estado ha quedado severamente limitado en su capacidad de priorizar las inversiones que entienda necesarias para la ejecución de sus mandatos constitucionales. Si la intención del futuro pacto fiscal es enderezar los entuertos que giran alrededor de la recaudación de impuestos y los gastos del Estado, la primera decisión a tomar será borrar de un plumazo todas estas asignaciones y porcentajes de ley que hoy nos mantienen atados de manos.
