El acuerdo entre el Gobierno y la empresa Barrick Pueblo Viejo acarrea unos beneficios intangibles tan importantes como las mejorías económicas alcanzadas en favor del dueño del oro: el pueblo dominicano.
Lo más importante es que las mejorías logradas se alcanzaron como producto del diálogo, y no fruto de la imposición unilateral de una de las partes, lo que le ha ahorrado a un gobierno nuevo tener que concentrar sus mejores energías en una batalla traumática, que bien pudo haber derivado en condena internacional en la instancia de arbitraje porque por más injusto y desproporcional que fuese, Barrick tenía la ventaja de un contrato suscrito con todas las de la ley.
Pero la ruta del arbitraje acarreaba serias dificultades para Barrick Pueblo Viejo, que al fin y al cabo no tiene como objetivo principal ganar casos en tribunales sino mantener hacia la mejoría el valor de sus acciones, y eso no es posible en un clima de confrontación, por más peso que tengan sus alegatos legales.
Con un presidente que no iba a dar su brazo a torcer después de haberle asegurado al pueblo el 27 de febrero, que la desproporcionalidad de unas operaciones brutas que de cada cien dólares dejaban apenas tres para el pueblo dominicano eran inaceptables, Barrick tendría serias dificultades para sacar el oro de la República Dominicana.
El tema de la necesidad de mejorar ese contrato ya no era solo un reclamo, era la principal consigna nacional, un tema político con potencialidad para catapultar los radicalismos, y peor resultaba cualquier expectativa de negociación futura, la mejor oportunidad de Barrick Pueblo Viejo era materializar esas negociaciones con un presidente al que en ningún momento le interesó dañar la imagen de la empresa, sino que por el contrario tuvo el valor de reconocer que representaba la inversión extranjera más importante que haya recibido el país en toda su historia y elogió su responsabilidad medioambiental por ser dueña de una tecnología de explotación minera que no agrede la naturaleza.
Muchos de los que exigían la renegociación del contrato no deseaban que eso ocurriera, lo que querían era un clima de confrontación que les permitiese pescar en mar revuelto, pero una vez más se les peló el billete.
La entereza del político que nos gobierna quedó demostrada una vez más.
En la proporción de pagos de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones, 62.9% del producto de las operaciones se quedaba en manos de la empresa y el Estado recibía un 37.1, pero desde que el Congreso apruebe la modificación del contrato recibirá un 53%.
En el periodo 2013-2016 el Estado recibiría 377. 4 millones de dólares, y eso se aumentaron a 2,200 millones, y en beneficio durante la vida de ese contrato que sería de 10 mil millones de dólares para el Estado, será de 11,600, más otros beneficios que ayudarán a Danilo Medina a cumplir con sus compromisos de campaña.
La seguridad jurídica del país ha salido ilesa, y el conflicto no derivó en perjuicios para otras inversiones, ni en deterioro de las relaciones con dos naciones que son claves para la economía de la República Dominicana: Estados Unidos y Canadá.
