Una buena ley de partidos y agrupaciones políticas es aquella que fortalece la democracia garantizando el derecho de todos los ciudadanos “a elegir y ser elegido” dentro de un marco de respeto, sin discriminación ni censura, con equidad, libertad y transparencia, impidiendo que el fantasma del fraude electoral siga apareciendo en todas las elecciones que se realizan en el país.
Una ley de partidos y agrupaciones políticas tiene que ponerle límites al financiamiento estableciendo normas precisas para evitar que el dinero del Estado siga siendo un factor determinante en los resultados de las elecciones, como ocurre actualmente, sin el menor escrúpulo y ninguna sanción.
Debe evitarse, de igual modo, que el dinero del bajo mundo llegue a las organizaciones y los candidatos. Las donaciones tienen que estar transparentadas. No pueden ser un secreto. Los empresarios no pueden dar dinero a ningún candidato “por la izquierda”, ni secretamente. Transparencia total con el dinero. La ley debe regularlo y establecer sanciones drásticas para los violadores.
Una buena ley tiene que regular el uso de los medios de comunicación, como en Colombia, Costa Rica, Perú, Chile, entre muchos otros países para evitar la inequidad tal como sucedió en la campaña electoral recién terminada que el candidato reeleccionista apabulló a los demás con el dinero del único líder que tiene el país.
(Presupuesto Nacional).
Por cada diez spots de radio y televisión el oficialismo tenía nueve. Competir con el gobierno que gastaba 18 millones de pesos diarios en propaganda y publicidad, era –y es- , imposible.
El Estado no puede continuar siendo un factor.
El déficit enero-marzo de este año fue de un 579%, es decir, más de 36 mil millones de pesos, según el informe (ignorado por la prensa) de Participación Ciudadana que recoge la astronómica cifra de la Dirección de Presupuesto. Ese déficit es mucho mayor si agregamos los meses siguientes hasta concluir las elecciones en mayo, donde el gobierno se empleó a fondo para “ganar” contundentemente las elecciones.
La “victoria” de Danilo le costó al pueblo entre 40 y 50 mil millones de pesos mal contados. Sin embargo, el dinero no bastó. Se produjeron fraudes en todos los niveles para garantizarle “su Congreso” al mandatario. Solo los escáneres de la Junta Central Electoral le otorgaron entre 12 y 14 senadores, decenas de diputados, alcaldes y regidores. Algo que nadie discute ya.
Una buena ley es la que impide y castiga el transfuguismo, fortalece la institucionalidad de los partidos, evita que las cúpulas se eternicen en la dirección vulnerando la democracia interna; impide que las organizaciones políticas se conviertan en empresas patrocinadas por el pueblo.
