El Senado ha escogido a una nueva Cámara de Cuentas sin que se recupere aún la confianza ciudadana en ese órgano fiscalizador del Estado, extraviado hace mucho tiempo cuando intereses políticos desnaturalizaron su rol constitucional para convertirla en una oficina de sellar papeles.
Los cinco miembros seleccionados reúnen las condiciones profesionales para formar parte de tan importante institución, pero no son amplias las expectativas de que puedan realizar un buen trabajo, por falta de voluntad política de Gobierno y clase política para que puedan cumplir con su rol.
El licenciado Hugo Francisco Álvarez Pérez sustituye a la doctora Licelot Marte de Barrios, en la presidencia de la Cámara de Cuentas, cuya directiva la completan Pedro Antonio Ortiz Hernández, vicepresidente; Carlos Noé Tejada Díaz, secretario; Félix Álvarez Rivera y Pablo Domingo del Rosario, miembros.
Se resalta que dos de los cinco integrantes de la entidad fueron ratificados, por lo que sólo tres fueron escogidos entre varias ternas presentadas por la Cámara de Diputados, seleccionadas a su vez entre más de un centenar de aspirantes.
La Cámara de Cuentas es una institución con rango constitucional, autonomía técnica y presupuestaria, encargada de auditar todas las cuentas de la República, por tanto su misión está relacionada con el control y calidad de gasto público, así como prevenir o descubrir actos de prevaricación.
Por muchos años, y muy a pesar del interés o dedicación de sus miembros, esa institución fue reducida y burlada por el Estado, gobierno y clase política, y sus auditorías, resoluciones y recomendaciones declaradas sin ningún valor jurídico.
El ejercicio de un Presupuesto Nacional estimado en cientos de miles de millones de pesos, requiere de la fiscalización estricta, como manda la Constitución, de un órgano fiscalizador absolutamente independiente que identifique posible cohecho o prevaricación.
Los votos son para que los nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas cumplan cabalmente su rol de guardianes del dinero público, sin tener ningún mandante público o encubierto, que no sea la Carta Magna y la ley.
