Santo Domingo.-La Cámara de Diputados convirtió este jueves en ley, al aprobar en única lectura, con las modificaciones que le introdujo el Senado, el proyecto que impone un impuesto o tasas fijas a las prestadoras telefónicas por cada llamada internacional y mensajes de textos entrantes que reciban teléfonos fijos y móviles, recursos que se usarán para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad 9-1-1.

La pieza legislativa deroga y sustituye la Ley No. 140-13, que creó el 911.

La iniciativa impone una tasa de U$$1.2 centavos a las llamadas que se hagan desde el exterior a teléfonos fijos o residenciales; además aplica un impuesto de US$2.8 a las líneas móviles por paquetes, y se cobrará US$0.0025 por cada mensajes de textos (SMS).

Previo a la aprobación del proyecto, en el hemiciclo había 139 diputados, de los cuales 101 votaron a favor y 38 en contra. La bancadas de los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC) y del Revolucionario Moderno (PRM), votaron en contra de la iniciativa, argumentando que el gravamen le cargaría a los usuarios.

Otros legisladores se pronunciaron a favor y en contra de la iniciativa que sometió el congresista Elías Serulle.

Los diputados habían aprobado la normativa en la que imponían una tasa fija de $0.02 centavos de dólares por cada minuto internacional de voz y de US$0.0025 por cada mensaje internacional de texto, empero, el Senado modificó la misma, acción que fue rechazada por las prestadoras telefónicas.

La ley establece que con esos fondos se instalarán cámaras para vigilar el tráfico vehicular y las personas en las calles, lo que permitirán mayor vigilancia en la seguridad ciudadana.

El proyecto había sido enviado el pasado martes a la Comisión de Interior y Policía, para que estudiara las enmiendas que se había hecho el Senado de la República. Las comisiones de ambos órganos congresionales escucharon a representantes de las prestadoras de servicios telefónicos.

El artículo 21 de la iniciativa establece que la tasa para el desarrollo y la sostenibilidad del Sistema 9-1-1, corresponde a un monto fijo de cero con dos centésimas de dólares de los Estados Unidos (US$1.2) centavos o su equivalente en pesos dominicanos, según la tasa establecida por el Banco Central de República Dominicana, al día de hecha la llamada, por cada minuto de tráfico de voz internacional entrante que termine en sus redes o transitada a las redes de otras prestadoras de servicios de telecomunicaciones.

En tanto, fija una tasa de US$2.8 centavos de dólares por cada llamada que reciban las líneas de teléfonos móviles por paquetes; y cero con veinticinco dólares (US$0.0025) o su equivalente en pesos dominicanos, según la tasa establecida por el Banco Central al día de la recepción del mensaje, por cada mensaje de texto (SMS) internacional entrante que termine en sus redes.

La ley establece que las prestadoras de servicios de telecomunicaciones habilitadas deberán proporcionar al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), las informaciones necesarias para la gestión de sus redes en relación a los servicios de voz y datas, sobre las conexiones de datos SS7 o todo otro protocolo de comunicación que se pudieren implementar en sus redes, sobre los datos de tráfico registrados y sobre sus relaciones comerciales con otras prestadoras de servicios de telecomunicaciones, pero no únicamente con las prestadoras de servicios de telecomunicaciones internacionales.

La nueva ley establece que el personal de las instituciones de respuesta, siempre que actúe en ocasión de una emergencia autorizada por el Centro de Contacto del Sistema 9-1-1, se considerará como oficiales públicos, y estarán provistos de un número único de identificación.

El Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, en coordinación con el Ministerio Público, es el organismo responsable de la planificación, el diseño e instalación de la red de vídeo vigilancia urbana mediante cámaras de vídeos, así como supervisar las cámaras de seguridad en lugares públicos orientadas a proteger los lugares.