Caracas, (EFE).- El Parlamento de Venezuela, el único poder dominado por la oposición, declaró este jueves como fraudulentas las elecciones regionales del pasado domingo y anunció que pedirá a organismos internacionales que auditen los resultados emanados del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Durante una sesión, la Cámara declaró también como fraudulentas las actuaciones del CNE que, afirma, actúa en “alianza” con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El Parlamento exige al CNE que “facilite la realización de una auditoría integral, cualitativa y cuantitativa”, por parte de organismos internacionales y “a cargo de expertos independientes”, de todo el proceso electoral en el que el chavismo obtuvo 18 de las 23 gobernaciones en disputa.
El acuerdo contempla además crear una comisión que documente “exhaustivamente las violaciones” al proceso “perpetradas” por el árbitro electoral y el resto de órganos del Estado “que están al servicio del Ejecutivo”.
El Legislativo denunciará ante la comunidad internacional “la grave violación de la soberanía popular y de los derechos políticos” que, a su juicio, ha cometido el CNE, por lo que remitirá el acuerdo aprobado hoy a instancias internacionales que se ocupan de los derechos humanos y democráticos.
La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha denunciado graves irregularidades en el proceso electoral que culminó el domingo con los comicios regionales, que ya tenían un retraso de casi un año.
Entre estas irregularidades están la negativa del CNE de eliminar de las papeletas a los candidatos opositores que perdieron en las primarias de la MUD para escoger aspirantes únicos, algo que la coalición antichavista consideró una maniobra para confundir a los electores.
Otra de las medidas criticadas fue la reubicación, a escasas 48 horas de la jornada electoral, de los centros en que votaban alrededor de medio millón de electores, a los que el CNE habría ofrecido información confusa sobre el cambio.
Además, la MUD ha presentado supuestas pruebas de resultados manipulados, para cuya forja el aparato del Estado y del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) habrían expulsado a la fuerza a los testigos de la oposición en los centros.
La alianza opositora no reconoce el triunfo oficialista y buscará apoyo externo a sus denuncias como también hará el Parlamento, que acudirá a organismos no gubernamentales del “mayor prestigio” y a “organismos multilaterales” para obligar al Gobierno a abrir “una auditoría total cualitativa y cuantitativa”.
El jefe de la Cámara, el opositor Julio Borges, aseveró que tanto dirigentes de la MUD “como parlamentarios van a ir a diferentes partes del mundo, no solamente a denunciar el fraude, sino a presentar al país y al mundo cuál es un sistema electoral confiable”. Borges informó hoy de que las autoridades no permitieron la salida del país a la junta directiva del Legislativo, que se disponía a asistir a la reunión de la Unión Interparlamentaria (UIP) en Rusia.
El presidente de la Cámara denunció una “persecución” por parte del servicio de inteligencia, e indicó que este hecho demuestra que el Gobierno “decide quién sale y quién entra violando los derechos de la gente sin ningún tipo de prurito”.
La MUD además ha asegurado que los antichavistas electos no se juramentarán ante la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), pese a que Maduro ha advertido que si no se subordinan a esta junta no podrán asumir sus cargos.
“Quien no se juramente y se subordine a la Asamblea Nacional Constituyente no podrá tomar su cargo. Llámese como se llame, es una decisión de la Constituyente plenipotenciaria”, señaló una vez más hoy el mandatario durante un acto oficial. Por su parte, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) acusó este jueves al CNE de haber actuado de forma “parcializada” durante los comicios regionales.
En un comunicado, la jerarquía católica del país caribeño denunció que estas votaciones “han generado nuevas dudas e interrogantes y han abierto la puerta a mayores tensiones y conflictos de cara al futuro”.
Los obispos pidieron, sin embargo, que “el ventajismo oficial” no provoque una “pérdida de la credibilidad y confianza en el poder del voto como vía de solución pacífica y democrática para los cambios urgentes y trascendentales que requiere el país”. “No se puede prescindir de la vía electoral”, agregó la CEV.
