Con la sentencia de un juez del Tribunal de Tierras de Barahona, que anuló 200 deslindes, el Estado recupera más de cuatro mil 500 tareas en Bahía de las Águilas, que habían sido adjudicadas a particulares de manera fraudulenta.
Se trata de la mayor extensión de playas y terrenos con vocación turística, con lo que el Ministerio Público completa una gestión iniciada en 2014 cuando un tribunal anuló mil 200 títulos emitidos a particulares como si fueran tierras con vocación agrícola.
El camino jurídico ha quedado completamente despejado para que el Gobierno cumpla con su promesa de impulsar un cuarto polo turístico en la región costera del sur profundo, que ha de llevar desarrollo a las provincias de Pedernales, Baoruco, Independencia y Barahona.
La historia de Bahía de las Águilas ha de ser digna de ser conocida por generaciones presentes y futuras, para que nunca más el Estado sea objeto de tan monstruoso despojo de bienes públicos y para que quede sentado que en materia de corrupción, prevaricación y cohecho, la ley no prescribe ni el crimen queda impune.
Monstruosidad
Un tribunal de primera instancia condenó al periodista Julio Martínez Pozo, comentarista del programa radial “El Sol de la Mañana”, a dos meses de prisión y al pago de una indemnización económica, al encontrarlo culpable de violar la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento.
Aunque la lectura íntegra de ese fallo fue fijada para el 10 de mayo, su dispositivo apunta a crear un precedente funesto y peligroso para el ejercicio de la libertad de prensa, además de constituirse en una espada de Damocles contra los periodistas.
La jueza Gisselle Naranjo habría admitió en su sentencia que Martínez Pozo leyó por radio copia de un expediente auténtico sobre un caso que implicaría al querellante en una infracción penal, pero adujo que la forma de comentar ese documento constituía una violación a la ley de prensa 6132.
A partir de esa sentencia injusta y desproporcionada, al momento de informar, opinaro referirse al contenido de cualquier documento público o privado, los periodistas tendrán previamente que colocar sus cabezas dentro de la guillotina judicial y rogar para que ningún juez temerario la despegue del resto del cuerpo.
