El proyecto de Presupuesto que ha enviado el Poder Ejecutivo al Congreso no tiene efecto inmediato de decreto, edicto u ordenanza, sino de una propuesta de ley que las Cámaras legislativas estudian, ponderan y modifican si es necesario, antes de convertirse en estatuto de cumplimiento obligatorio.
En el Gobierno no deberían aspirar a que el Poder Legislativo, aún controlado por el partido oficial, actúe como sello gomígrafo frente a un proyecto de ley que funge como instrumento básico en la planificación del desarrollo y de las políticas globales de redistribución del ingreso público.
Sobran, pues, las advertencias de los funcionarios a cargo del diseño del Presupuesto para el 2009, de que los diferentes montos y partidas consignados no pueden ser modificados ni removidos por el Congreso.
La Comisión bicameral que estudia tan trascendente pieza está en derecho, deber y obligación de auscultarla, enriquecerla y subsanar inexactitudes que pueda identificar, en el entendido de que ese proyecto no ha sido remitido al Congreso con una camisa de fuerza anexa.
Es pertinente señalar también que senadores y diputados no deberían intentar despedazar el proyecto de Presupuesto con fines de obtener pura y simplemente una tajada para alimento de buitres del clientelismo o para desbordadas exigencias de recursos dirigidos a las comunidades.
A lo que se aspira es a una Ley de Presupuesto que armonice lo deseable con lo posible; que no subestime ni sobreestime a conveniencia los estimados de ingresos ni provoque mayores cargas a la muy atibada despensa de la deuda pública. Es por eso que en el estudio y sanción de ese proyecto, se reclama de los legisladores responsabilidad, sensatez y valor cívico.
Espejo mexicano
El Gobierno de México ha emprendido una profunda labor de limpieza de la Policía Federal y de todas las agencias de investigación y persecución de crímenes y delitos, en un esfuerzo por sacar de su seno los tentáculos del narcotráfico.
Como resultado de ese programa fueron expulsados 126 policías del estado de Chiapas, quienes no lograron pasar la prueba de confianza, forma de depuración para determinar su vinculación con grupos de narcotraficantes. También fue arrestado un ex jefe de la Policía Preventiva mexicana.
El presidente Rafael Calderón reveló ante el Congreso que la mitad de 56 mil policías sometidos a ese tipo de pruebas no son recomendables para permanecer en sus puestos, por lo que se estima que el 50 por ciento de todos los agentes son sospechosos de colaborar con el crimen organizado. Es conveniente que autoridades locales se reflejen en ese espejo.
