La información de que varios auditores de la Cámara de Cuentas han sido cancelados en las últimas semanas es un dato que debe llamar la atención de la sociedad dominicana.

Cesantear un empleado público es una facultad legal y normal del incumbente de la institución que se trate, pero cuando ese subalterno es un técnico que trabaja en informes de auditorías, entonces el hecho puede generar suspicacias.

Cancelar contadores que trabajaron en auditorías a instituciones públicas, cuyos incumbentes tienen casos pendientes en los tribunales es un hecho grave, porque muchos de ellos serán testigos en las audiencias.

Uno de los casos a que hacemos referencia es a las auditorías a Bienes Nacionales, cuyos técnicos fueron cancelados por la Cámara de Cuentas cuando el caso aún se ventila en los tribunales, y muchos de ellos deben comparecer a las audiencias.

Este sólo hecho debilita la acusación, ya que se puede notar un interés particular en la Cámara de Cuentas para que éstos contadores no hablen bajo juramento de la ley, por temor a que digan la verdad sobre experticias plagadas de errores técnicos y cargadas de intenciones maliciosas.

También crea suspicacias la negativa de la Cámara de Cuentas a contratar empresas privadas para realizar las auditorías consideradas complejas, a fin de que estas tengan mayor nivel de credibilidad ante la sociedad.

Pero lo peor del caso es que esa entidad reveló la semana pasada que durante el año 2012 las instituciones públicas gastaron más de 187 mil millones de pesos sin ningún tipo de soporte, situación que pone a descubierto la incapacidad de sus miembros para cumplir con la responsabilidad que le otorgó el Congreso Nacional de vigilar los recursos estatales.

Después de esto, y tal como lo sugiere el Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana, la salida más digna que tendrían los miembros de la Cámara de Cuentas es renunciar, previo reconocimiento público de su incapacidad para cumplir con los requerimientos de la sociedad.