El sistema penitenciario ha estado de crisis en crisis desde que en nuestro país instalamos las primeras cárceles. Desde las pobres condiciones de los precintos al hacinamiento provocado por el alto número de personas condenadas a prisión preventiva, el padecimiento de nuestro sistema parece la historia de nunca acabar. Introducir en nuestro país las prisiones privadas pudiera ser una alternativa viable para no sólo aliviar la carga de espacio en nuestras cárceles, sino para también mejorar las condiciones de los recintos, todo a un menor precio para el Estado.

Existen múltiples beneficios que resultan evidentes de la inclusión de cárceles privadas en nuestro actual sistema. La construcción y mantenimiento de las prisiones no sería responsabilidad del Estado, se impondría un sistema de consecuencias más creíble por los fallos en la administración de los recintos, y el costo por apresado tenderá a ser menor favoreciendo un abaratamiento sensible de la carga presupuestaria que supone el sistema penitenciario dominicano.

Más aún, los esquemas de prisiones privadas tienden a imponer costos por apresado, lo que inmediatamente establecería un incentivo claro y palpable para que el Ministerio Público emplee mayor prudencia en la solicitud de prisión preventiva como medida de coerción, especialmente en aquellos casos donde el acusado no representa un peligro de fuga o donde los delitos de los cuales es acusado no son de naturaleza violenta.

Es importante tener en cuenta que las prisiones privadas sí vienen con sus problemas los cuales deben ser sopesados, y evaluar la forma adecuada de regularlos. El sistema puede quedar expuesto a potenciales conflictos de interés y riesgos morales, que no solo imponen la necesidad una normativa cuidadosa de como este operaría sino que requeriría de una fiscalización y niveles de transparencia hasta ahora no vistos en nuestro país en el manejo de las alianzas público-privada.

La transición de un sistema estatal arcaico y anacrónico a uno mixto con actores públicos y privados no sería sencillo y requeriría de cambios hasta en lo cultural.

La realidad es que el problema de nuestras cárceles requiere una solución drástica y definitiva, de bajo costo y sostenible. Incorporar prisiones privadas al sistema no necesariamente implicará la panacea, pero sería una forma efectiva de enfrentar los problemas más urgentes del sistema. En el punto en el cual nos encontramos parece peor simplemente no intentarlo.