El caso del expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien renunció en septiembre de 2015 envuelto en un escándalo de corrupción, se ha perdido en el tiempo. Una creciente oleada de indignación popular y acciones legales se mezclaron para marcar el punto de partida del fantasma que ha sacado del poder a gobernantes de izquierda y de derecha a uno y otro lado del planeta. La revuelta de los países árabes es otra cosa, porque esas naciones no se rigen por gobiernos democráticos. Lo hacen por dictaduras.
El fenómeno de la corrupción persigue no solo a gobernantes que detentan el poder, sino a quienes lo han abandonado. El mejor ejemplo son los procesos abiertos contra la expresidente de Argentina, Cristina Fernández, y el carismático expresidente de Brasil, Lula da Silva. En ambos casos resulta muy difícil hablar de persecución política, y menos de una cruzada para arrinconar o desacreditar a los movimientos de izquierda en América Latina, cuando hay tantos hechos que manchan hasta su propia reputación personal.
Tras la caída de Pérez Molina, quien está en prisión, la siguió la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Pero esta no cayó acusada de ningún caso de corrupción, a pesar del escándalo en Petrobras, por el que están presos prominentes empresarios, legisladores y relevantes dirigentes políticos, sino por manipular las estadísticas fiscales; o sea, por violación de las leyes. Podría alegarse que se trataba de una práctica rutinaria, pero la tradición no es como para legitimarla. De esa manera lo legal cobró fuerza como recurso y aviso a los gobernantes.
En Venezuela, el pulso que libran Gobierno y oposición también se fundamenta en el imperio de la ley. Mientras el presidente Nicolás Maduro invoca las leyes para encarcelar opositores bajo el alegato de incitar a la violencia, las ignora cuando se trata de acatarlas para convocar el plebiscito para decidir sobre su mandato.
De no ser por su apoyo en el poder, hace tiempo que Maduro estuviera respondiendo ante los tribunales por las más diversas acusaciones. Y la Revolución bolivariana que impulsó el finado Hugo Chávez fuera papel mojado.
No como colofón, sino como eslabón de la cruzada que se propaga por países democráticos, que ha golpeado con la misma intensidad a políticos de izquierda y de derecha, la presidenta de Corea del Sur, la conservadora Park Geun-Hye, ha sido suspendida por su supuesta implicación en un escándalo de corrupción.
Estruendosas movilizaciones populares estremecieron a la nación asiática desde que trascendió la relación de la mandataria en presunto tráfico de influencia a favor de una amiga que luego se ganó el apodo de “La Rasputina Coreana”.
Todavía se quiera pensar en golpes legales, hay que reflexionar mucho. Más aun cuando la combinación de corrupción y violaciones de las leyes afectan el desarrollo de las naciones.
