El problema no es contar con una nueva Constitución, por más moderna y progresista que sea, que tampoco es el caso, sino que el instrumento se respete. Se trata del gran reto que tienen las autoridades.

No basta con proclamar que la Carta constituye el principal soporte de la paz y la democracia en el siglo XXI, si en definitiva, como a las precedentes, se le hace caso omiso.

No es un asunto de retórica para engatusar a la opinión pública. Tan encendida ha sido la ponderación del estatuto que sólo faltó suprimir, con su proclamación, necesidades sociales que han abatido a la población.

Demasiado expectativas con un instrumento cuya aprobación ha estado precedida de violaciones irritantes patrocinadas por el propio Congreso. Por los alcances que se le han atribuido, cualquiera no se explica cómo se esperó tanto tiempo para sancionarla.

Como al parecer la Constitución precedente no ameritaba tomarla en cuenta, con todo y que en teoría fuera el soporte del ordenamiento institucional, se espera que con ésta no ocurra lo mismo.

El cumplimiento, y no las rimbombancias que la definen como el instrumento más acabado de la historia, es lo que determinará si en verdad fortalecerá y diafanizará el Estado.

El actual Congreso, que por intereses políticos se ha prestado a execrables violaciones de sus propias leyes, se supone que velará para que no se convierta en otro pedazo de papel.

Lo que se cuestiona ya no es que se haya consignado la criminalización del aborto, la deplorable decisión introducida para satisfacer al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, ni el aumento de la matrícula de los diputados, así como tampoco la elección de legisladores en ultramar; lo que está en juego es si se aplicará la polémica norma. Soy de los que piensan que no había necesidad de una nueva Carta para hacer lo que hace, pero ya que se sancionó espero que sirva para algo.