¡Sí a la inclusión!
La Constitución dominicana es una pieza sin desperdicios. La Carta Magna de la nación no reconoce forma alguna de discriminación, por lo que, cualquier expresión de dicha acción constituye un hecho inconstitucional y, por demás, ilegal.
Recientemente, un periódico de circulación nacional publicó que a la fecha, unos doscientos setenta dominicanos regresaron al país bajo el procedimiento de deportación. Ello quiere decir, que el Estado dominicano debe ser garante vía políticas de readaptación, de que esos compatriotas sean insertados a la sociedad mediante ocupaciones sin que se les nieguen sus derechos constitucionales consagrados en la Ley Sustantiva.
Sin embargo, la realidad es otra. Cada año regresan al país miles de dominicanos y dominicanas procedentes de distintas naciones, mayormente de Estados Unidos, que una vez pisan nuestro territorio nacional, son recogidos por sus familiares, pero las autoridades no les dan seguimiento o, por lo menos, nunca se ha sabido cuales medidas adopta el Estado en su conjunto para regular el tema.
El Ministerio de Trabajo dominicano, mediante resolución 02-2015, prohibió a las empresas consultar el historial crediticio de los postulante previo a otorgar empleos, por considerar dicha práctica como discriminatoria. La norma recién comentada no pudo ser más pertinente, puesto que los numerales 2) y 5), del citado artículo 62 de la Constitución, así lo indica.
Desde hace unos años se ha usado la práctica, de que para investigar a una persona sin importar cual que sea el ámbito, se accede a su historial de crédito, como que si los dominicanos fuéramos de un país rico, cuyo único delito sería deber dinero. La responsabilidad es compartida, puesto que son los bancos-pese a excepciones- quienes juzgan como magistrados cual será el futuro económico de un dominicano.
Esperemos que la disposición legal emitida por el MIT sea respetada, porque de lo contrario, toda acción que no vaya en consonancia con la Constitución y las leyes puede ser declarada como un mal precedente y una lamentable violación a los derechos fundamentales en suelo quisqueyano.
¡No a la discriminación, si a la inclusión!
Atentamente,
Víctor Mateo
Abogado y profesor universitario
