Mientras se discute el reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo, a los tribunales llegan casos de violencia doméstica de esa naturaleza, a los que se ven compelidos a dar respuesta.

El juez José Alejandro Vargas dispuso orden de alejamiento, garantía económica y presentación periódica a una mujer acusada de agredir físicamente a otra, con la que llevaba una relación sentimental de cuatro años.

Al ponderar la solicitud de medida de coerción impuesta, el juzgador precisa que los tribunales tienen que dar respuesta a ese tipo de violencia doméstica, porque son personas que pagan sus impuestos.

Vargas impuso a la imputada Luz María Sánchez Gerónimo, acusada de agredir a su pareja Vianna Then García, porque ésta se oponía a continuar la relación por los maltratos físicos y psicológicos a que era sometida.

A Sánchez Gerónimo se le impuso una garantía económica en efectivo de cinco mil pesos, asistir a las charlas que imparte el Centro Conductual para Hombres, presentación periódica al Ministerio Público el primer lunes de cada mes durante seis meses.

El tribunal también dictó orden de protección a favor de Then García, advirtiéndole a la imputada que debe alejarse de la víctima por cualquier vía, y de no acercarse de los lugares donde la agredida frecuenta.

Then García narró al tribunal: “A mí no me interesa que ella esté presa. Ella le dijo a una persona que juraba que me iba a matar. Ella dice que quiere hablar conmigo y a mí no me interesa hablar con ella, yo quiero que a ella le den terapia”.

Según la acusación el 28 de julio pasado Sánchez se presentó a la calle José Tapia Brea, esquina Gustavo Mejía Ricart del ensanche Quisqueya, y amenazó de muerte y agredió física, verbal y psicológicamente a su expareja, provocándole lesiones en la cara y en el brazo derecho.

La agresora también se presentó a donde labora su expareja diciéndole que para dejarla tranquila tenía que estar con ella, y que como la víctima no quería estar con la imputada, ésta la golpeó en la cara y en el brazo derecho y luego la amenazó diciéndole que sí no era de ella, no iba a ser de nadie, dice el expediente.

En su ponderación el juez establece que para imponer una medida de coerción por ínfima que sea, el juzgador tiene que abocarse a examinar si existen los elementos de prueba conforme a las reglas establecidas.