Por su descrédito ante la sociedad dominicana, la Junta Central Electoral está en sus peores momentos, a tal punto que ni la partidocracia confía en ella para que cuente los votos el 20 de mayo. Los partidos del sistema, pese a estar representados en jueces y personal administrativo de la JCE, han instalado sus propios centros de cómputos, superando en tecnología y eficiencia al de ese organismo.
La JCE viene aplicando la fórmula del laissez faire, laissez passer, ante los desacatados partidos tradicionales, sobre todo cuando se trata del uso de los recursos del Estado por el oficialismo.
El fraude electoral asoma su cabeza de medusa y amenaza con crear una crisis política de vastas proporciones, que podría desencadenar situaciones fuera del control de sus auspiciadores.
El desorden institucional es tan grave, que el embajador imperial, Raúl Izaguirre, y once de sus colegas aliados sin ocultar su intromisión exigieron mano limpia al presidente Leonel Fernández.
Todo esto nos rememora las fraudulentas elecciones de 1978, 1990 y 1994, cuando la parcialidad de la JCE, entonces engendro de Joaquín Balaguer, puso al país al borde de la guerra civil.
De los simulacros comiciales de 1966, 1970 y 1974 se valió el padre de la democracia para imponer 12 años de terror, cercenando las libertades públicas y los derechos ciudadanos.
Cuando se denuncia que el Ejecutivo aposenta una dictadura constitucional, es porque cuenta con un dócil y adocenado Poder Legislativo y Judicial, que ha dado lugar a una JCE lasciva y libidinosa.
De manera, que, dadas las veleidades de ese organismo, el PRD anda bronco del señor fraude, advirtiendo al gobierno de reacciones viriles y ostentando carabinas vacías, que le están siendo decomisadas.
