Crisis de legitimidad
Tras los comicios del pasado 15 de mayo, la República Dominicana está siendo afectada por una aguda crisis institucional, caracterizada por una complejidad de factores, como fraudes diversos, rompimiento con leyes y normas electorales, y las relaciones tradicionales entre actores políticos y sociales.
La incertidumbre de los dominicanos es evidente, desde la gente de a pié, hasta el empresariado, pasando por los distintos sectores religiosos, líderes políticos y los poderes institucionales y fácticos.
La inestabilidad institucional es ostensible en la JCE, TSE, TC, poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, ya que no están en capacidad de intervenir para impedir la caída libre del obsoleto sistema político vigente.
La crisis política se podría complicar aún más si los poderes del Estado son usados para cercenar los derechos electorales y políticos de los ciudadanos, en una sociedad con viejas tensiones acumuladas.
Es inocultable el descontento, desconfianza, desaprobación y desconocimiento de los representantes políticos, disfunciones y contradicciones, que en el país se han ido gestando desde hace décadas.
Los responsables del creciente deterioro institucional deben entender que por la ilegitimidad de candidatos electos, ya se están escenificando protestas públicas para que se respete la voluntad popular.
No se debe descartar que por las movilizaciones de masas en desarrollo, se produzcan renuncias de los integrantes de la JCE y las altas cortes, exigidas con energía por millones de ciudadanos defraudados.
Los que gobiernan no saben ahora cómo sacar al país del atolladero, mientras una buena parte de los actores sociales y políticos valoran la crisis como una oportunidad para salir definitivamente de ellos.
