Desde hace unos 25 años vengo insistiendo en que es indispensable una previa evaluación mental y periódica que determine la sanidad a quienes se les otorguen permisos para la tenencia y porte de armas de fuego, sean estos civiles, miembros de los institutos armados o guardianes de compañías privadas.
No es posible que los medios de comunicación y otros sectores nacionales clamen en el desierto cuando demandan una actitud responsable de parte de los que otorgan los permisos para armas de fuego.
Periódicos y noticiarios nos traen con mortificante frecuencia hechos de violencia cometidos con esos instrumentos de muerte, cuyos protagonistas son sujetos con una amplia variedad de trastornos psicológicos.
Suicidios y homicidios con repercusiones profundamente traumáticas son reportados por las crónicas rojas de los medios, que consternan de forma cotidiana a las familias y a toda la sociedad dominicana.
El CMD y la Sociedad Dominicana de Psiquiatría vienen insistiendo en que los distintos poderes del Estado aúnen esfuerzos para frenar los actos de violencia y de muerte, que se producen empleando armas de fuego.
Esos hechos violentos se repiten unos tras otros sin que el Ministerio de Interior y Policía, el Congreso Nacional ni el Poder Judicial busquen la solución del porte indiscriminado de estos artefactos mortíferos.
El contrabando de armas de todos los calibres, venta, permisos oficiales, fabricación artesanal, así como el alquiler de las mismas a delincuentes se han convertido en un negocio muy lucrativo en el país.
Y por todo ello, al compás de la crisis de esta sociedad, se multiplican los atracos, suicidios, homicidios, asesinatos, sicarios, muertes por accidente, donde están involucrados policías, militares y civiles.
