Como era de esperarse, desde distintos litorales con similares intereses se envían ramilletes de presiones en papel perfumado en los que se advierte que el reclamo del presidente Danilo Medina para que el Estado obtenga mayor participación en las utilidades de explotación del oro de Pueblo Viejo, afectaría el clima de negocios, lesionaría la inversión extranjera y acarrearía consecuencias.
Sin detenerse siquiera a ponderar las razones por las cuales el presidente Medina anunció ante las Cámaras Legislativas que promovería un impuesto a las ganancias inesperadas por las exportaciones de oro y plata, si no se modifican las condiciones de ese contrato, gremios empresariales y jefes de misiones diplomáticas han advertido sobre un supuesto holocausto.
Son los casos del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Cámara Minera Petrolera (Camipe) y Asociación de Jóvenes Empresarios (Anje), los que en vez de ponderar la responsabilidad y valentía del mandatario en asumir la defensa de ese bien no renovable, consideran que el anuncio presidencial dañaría la condición del país como destino óptimo para las inversiones.
El embajador de Estados Unidos, Raúl Izaguirre, llegó a advertir que lo dicho por el mandatario, de que los términos del contrato con Barrick Pueblo Viejo son inaceptables, traería consecuencias, expresión que en el lenguaje castellano se interpreta como una amenaza.
Aunque los señalamientos de los gremios empresariales, Cámara Minera y el embajador estadounidense tienen en común la exhortación al diálogo entre Gobierno y Barrick, todos contienen el cianuro de la amenaza expresa o velada, sin referirse al abuso e injusticia que significa que de cada cien dólares que genere la exportación de oro, 97 corresponden a esa multinacional.
Es absolutamente falso que el clima de negocios o el flujo de inversión extranjera se deteriorarían porque el Estado dominicano reclame mayor participación en las utilidades de explotación de un yacimiento de oro y plata, cuyo marco jurídico ha cambiado radicalmente desde el momento en que fue consensuado.
El presidente Medina cuenta con el respaldo unánime de la población para que haga valer el derecho del Gobierno y del Estado a recibir beneficios por la explotación de esa mina en proporción a los elevados precios del oro en los mercados internacionales y no la migaja que se pretende ofrecer al amparo de subterfugios jurídicos y administrativos.
Constituiría mayor desastre, peor a los advertidos por gremios empresariales y diplomacia de cañonera, que el Gobierno se deje intimidar y retroceda en el patriótico propósito de obtener justa participación en las utilidades por las exportaciones de oro y plata de Pueblo Viejo. Que pase lo que tenga que pasar, que nadie se muere en la víspera.
