Unos 20 negocios han cerrado sus puertas en la avenida San Vicente de Paúl como consecuencia de los trabajos de excavación para la extensión de la Segunda Línea del Metro de Santo Domingo a la zona este.
Decenas de comerciantes consideran que sus negocios no podrán sobrevivir a los taponamientos de vehículos, el ruido, el polvo, el lodo y las inundaciones que alejan sus clientes.
Pequeños y medianos propietarios de farmacias, talleres de mecánica, clínicas, tiendas de repuestos, de ropa, restaurantes, ferreterías, mueblerías y otras denunciaron que sus ventas bajaron este año en más de un 80 por ciento.
Rafael Vásquez García y José Rafael Almonte, presidente y vicepresidente de la Asociación de Comerciantes de la zona consideran que la situación amerita la intervención urgente de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), para compensar los daños y evitar que más establecimientos cierren sus puertas.
“Nuestros negocios parecen ruinas”, manifestaron, tras señalar que la Opret les hizo ningún caso en septiembre recién pasado, cuando entregaron una carta al subdirector del organismo, Leonel Carrasco, planteando la gravedad del problema.
“Los comerciantes de la zona estamos atravesando una situación muy difícil, que nos está llevando a la quiebra”, precisaron.
Plantean que el Gobierno les compense exonerándoles los gastos por concepto de energía eléctrica, agua potable, alquiler de locales, pago de impuesto sobre la renta y otros que no pueden cumplir por el desplome de las ventas.
“Hay préstamos que pagar y otros compromisos económicos que no he podido cumplir, porque si no vendo no tengo dinero”, dijo Luis Lora, propietario del taller de reparación de vehículos “Auto Pintura Lora”.
Diversos letreros colocaron los comerciantes en los frentes de los negocios denunciando la situación que amenaza con hacerlos desaparecer.
“Apoyamos el metro, pero vivimos de nuestros negocios”, dice el cartel colocado en la fachada del local que aloja la farmacia Humanidad.
“El Metro y Diandino me las pudieron difícil. No hay ventas”, indica otro.
“El comercio le exige a Diandino compensarnos”.
“Apoyamos el metro, pero sin que afecte mi negocio”, expresa otro cartel colocado en el centro de gomas y lubricantes “La Potencia”.
Se quejaron, además, del hostigamiento que atribuyen a los inspectores del Ayuntamiento Santo Domingo Este, quienes presionan por el pago de los letreros que identifican sus establecimientos, de la basura y las rampas.
A esos gastos se suman el pago de la nómina de empleados.
La Segunda Línea del Metro atravesará El Gran de Santo Domingo de oeste a este, desde la avenida Gregorio Luperón, en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, hasta el municipio de San Luis, con 26 estaciones de pasajeros y 26 kilómetros de vía férrea.
Los trabajos de construcción fueron iniciados en octubre del 2009, con una inversión que supera los 1, 650 millones de dólares. La primera etapa entró en funcionamiento en diciembre de 2011, desde la Luperón, hasta el puente Francisco del Rosario Sánchez.
La obra cruza el río Ozama mediante un puente ferroviario, sigue la avenida San Vicente de Paúl hasta su intersección con la Carretera Mella, en el sector Los Minas.
La excavaciones superficiales y soterradas, desde el puente Francisco del Rosario Sánchez hasta San Luis, se iniciaron en junio del 2013.
Los primeros embates afectaron a los comerciantes ubicados entre la rotonda de la avenida San Vicente de Paúl y la carretera de Mendoza, donde empezaron las excavaciones.
Las retroexcavadoras, las grandes zanjas, las inmensas y pesadas barras de hierro, las grúas y los desvíos en el tránsito se extendieron luego al tramo comprendido entre las calles Fernando de Navarrete y Héctor J. Díaz.
Materiales de construcción por doquier obstaculizan el tránsito de vehículos y peatones.
Los trabajos apenas dejan a los personas un pequeño trecho por donde desplazarse, en la mayoría de los casos poniendo en peligro su integridad física.
Los comerciantes de los alrededores han empezado a sentir los efectos de 24 horas seguidas de excavaciones, que trastornan la vida de las familias y provoca grandes pérdidas económicas.
Tan pronto se percataron de la presencia de los periodistas de El Naciona, varios comerciantes salieron rápidamente de sus negocios, ávidos de plantear su visión del caso y explicar cómo les afecta, en un intento por despertar el interés de las autoridades.
Juan Rivera Montás es un dealer de carros que opera su negocio en la San Vicente de Paúl, a pocos metros de la carretera Mella, que perdió todos sus clientes y el capital de trabajo, porque los últimos aguaceros inundaron sus instalaciones provocando serios daños a los vehículos que tenía en existencia.
Algunos vehículos resultaron con los cristales rotos y abolladuras en la carrocería, porque fueron alcanzados por piedras desprendidas por las máquinas retroexcavadoras.
“Ellos represaron el agua para evitar que obstaculice su trabajo y provocaron que nuestros negocios se inunden cada vez que llueve”, expresó Rivera Montás, con la impotencia y la indignación reflejada en el rostro.
“Estoy sin trabajo, estoy vendiendo el local para poder pagar los compromisos económicos que generó la quiebra de mi negocio. Tengo que admitir que el metro me llevó a la quiebra”, manifestó.
Carlos Manuel Padilla, vendedor de repuestos de automóviles, dijo que está a punto de cerrar el negocio, porque debe cinco meses de renta y el propietario del local le conminó a entregárselo.
“Estoy quebrado. He tenido que vender varios equipos para pagar deudas y sin equipos no puedo trabajar”, dijo.
Una situación similar enfrenta Maicol Benjamín, dueño de una pequeña ferrería, quien reporta daños cuantiosos en su mercancía provocados por las inundaciones.
“Los clientes no tienen mobilidad en esta zona. Nos han achicado la calle y hasta un motor que se estaciones aquí provoca un taponamiento y los clientes no quieren enfrentarse a esos inconvenientes”, expresó.
Julio César Soto, propietario de un taller de mecánica hidráulica atribuye la dejadez de la Opret ante el problema a que quienes sufren las consecuencias son hombres de trabajo, que no tiran piedras ni van a una esquina a vociferar contra el Gobierno.
“Esta gente ni miran a uno”, manifestó indignado.
Bienvenido de la Cruz, propietario del centro de venta de gomas y lubricantes “La Potencia”, aseguró que en las condiciones actuales no puede seguir trabajando y lamentó tener que despedir los empleados que sostienen a sus familias con los sueldos que ganan en su negocio.
La versión de la Opret sobre el tema no aparece en éstas páginas porque fue imposible establecer comunicación con el subdirector y vocero de la institución.
