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Citan de nuevo al ministro Educación

Citan de nuevo al ministro Educación

El ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, deberá comparecer el 21 de julio ante el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que ayer emitió una orden de conducencia en su contra y de otros funcionarios de esa institución.

El funcionario debió comparecer ayer a un juicio de fondo contra una mujer acusada de estafar al Estado con 47 millones de pesos al vender terrenos a Educación con títulos falsos.

También deben comparecer Teresita Bencosme, consultora jurídica del Minerd; Claudia Franchesca de los Santos, Yris Montero, Teresa Rodríguez, Keveen Peña, Omar Francisco Fernández, Cristino Pineda, Damián Guzmán, Martínez Rodríguez y Manuel Cuello.

Por la estafa está acusada Reina Núñez Infante, mientras su abogada Ingrid Hidalgo, insistió en que el funcionario fue aceptado por el tribunal como testigo en el caso de la estafa.

De su lado, Amarante Baret, aseguró hoy en Santiago que no fue citado como testigo por el Cuarto Tribunal.

“No tengo ningún tipo de problema para asistir al juicio en cuestión, porque tengo interés en que sea puesta en evidencia y apresados los que están involucrados en la mafia de títulos de propiedad de terrenos”, precisó el funcionario.

El ministro Amarante Baret habló del tema al asistir en Santiago al inicio de una jornada de limpieza para prevención del virus del zika en esta ciudad.

En tanto la abogada de la defensa sostuvo que el funcionario debe ser el primer interesado en demostrar como esa señora estafó a Educación: “debe ser el ministro, lo que pasa es que en este país los funcionarios entienden que solo deben denunciar y no asistir a demostrar en los tribunales”, alegó Hidalgo.

La jurista advirtió que si el funcionario no asiste voluntariamente, será conducido por el Ministerio Público porque no está por encima de la ley.

La señora Núñez Infante fue enviada a juicio de fondo por cargos de lavado de activos, falsedad de escrituras públicas y uso de documentos falsos.

La querella contra la acusada fue presentada por el Ministerio de Educación, ya que le vendieron dos solares para la construcción de escuelas, cuyos títulos eran falsificados.

En la ocasión, el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Luis Borges Cabrera, impuso un año de prisión preventiva en contra de la imputada, la cual está cumpliendo en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo.

Domingo Berigüete

Periodista especializado en prensa jurídica y eléctrica