La toma de una serie de decisiones, como lo fueron el archivo del expediente dispuesto en una ocasión por el Ministerio Público y otras adoptadas posteriormente por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), serían de las causas principales que motivaron al juez de la instrucción especial Alejandro Mosco Segarra a favorecer al senador Félix Bautista y a otros seis coimputados con un auto de no ha lugar.
A juzgar por lo que expresa la sentencia del magistrado Moscoso Segarra, en lo referente a la doble persecución judicial, parte de los hechos que le imputan a Bautista y a los otros seis acusados, fueron investigados y archivados por el Ministerio Público cuando el licenciado Hotoniel Bonilla se desempeñaba como director de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA).
En la sentencia, Moscoso Segarra dejó establecido que algunos de los hechos imputados por el Ministerio Público están basados en los mismos actores que motivaron a la DPCA a archivar el expediente, cuya decisión fue ratificada en dos ocasiones por la Suprema Corte de Justicia.
Otra de las causas por la cual Moscoso Segarra falló a favor de los acusados, es que muchas de las pruebas que presentó el Ministerio Público no fueron obtenidas en base a sentencias dictadas por jueces competentes.
Protestas
La decisión del juez Moscoso Segarra ha motivado una serie de protestas, entre ellas manifestaciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con un saldo de un agente de la Policía herido.
Protestas similares ocurrieron en Santiago de los Caballeros, San Francisco de Macorís y en varios sectores de la capital.
En San Francisco de Macorís, el tránsito vehicular hacia las comunidades de las Guáranas, Pimentel, Castillo, Villa Riva, Nagua y otras localidades, fue interrumpido por las protestas.
Políticos y grupos
La decisión del juez Moscoso Segarra ha sido duramente criticada por instituciones de la sociedad civil y políticos, que entienden que se ha enviado una mal señal a la sociedad.
Entre las instituciones que expresaron su parecer figura la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), quien consideró preocupante que el Juzgado de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia haya extendido hasta límites sin precedentes las garantías a los imputados, mientras desconoce disposiciones legales contenidas en la Ley especial de Lavado y otras similares.
Sobre el particular también se pronunció la directora de la DPCA, Laura Guerrero, quien dijo que la sentencia no ha establecido que los hechos que se le imputan al senador Bautista y compartes no se cometieron, por lo que el Ministerio Público (MP) la recurrirá en apelación, apostando a que la justicia funcione en el presente caso.
La sentencia del juez Moscoso Segarra también ha sido criticada por el Frente Amplio de Lucha Popular, organización que tiene previsto para hoy la realización de varios actos de protestas. La Suprema Corte de Justicia también fue escenario ayer de la realización de actos de protestas por parte de organizaciones de la sociedad civil.
