Lo conocido como clase política ha existido en todas las sociedades. Desde el principio de la humanidad ha estado conformada por un grupo numeroso de personas, quienes bajo el criterio de coincidir en el pensamiento y en la práctica, se reúnen con el objetivo de alcanzar un fin determinado.
Como consecuencia de su comportamiento ante los ojos de la sociedad, ésta ha venido cargando en sus hombros, por así decirlo, una gigantesca y muy pesada cruz, como si fuese una maldición con la encomienda de satanizar a los miembros de dicha clase. Y todo porque algunos de ellos se han empecinado en repartirse los bienes del Estado, cual si fuera un botín de guerra.
El fenómeno de la corrupción administrativa es algo así como un punto negro e intenso que le ha creado mala fama a la clase política, proporcionándole la oportunidad a los sectores críticos de la sociedad, amparado en sus derechos constitucionales, para que señalen y acusen, con sus yerros y aciertos, de puros corruptos consuetudinarios a casi todos los que ejercen la función pública a nivel de ministro, director, o simplemente alto funcionario del Gobierno.
¿Por qué será que la clase política dominicana sale muy mal parada cuando la relacionan con el fenómeno de la corrupción? ¿Qué cosa provoca que la ciudadanía observe con cierta ojeriza a todos los funcionarios públicos? ¿Quiénes son los culpables? ¿Cómo es posible que la conducta inapropiada de unos pocos manche la honestidad de la mayoría? ¿Qué está pasando realmente?
Resulta obvio que esas preguntas y otras no menos importantes a menudo se las hacen ciudadanos e instituciones de la sociedad civil defensores acérrimos de la transparencia en la administración pública.
No cabe duda, obligatoriamente le corresponde a nuestra clase política, por su bienestar, el hacer cambiar la desagradable creencia que actualmente existe en nuestro país. Ello así, porque no es verdad que todos lo que incursionan en la actividad política son corruptos. La mayoría prefiere no lanzarse a nadar entre las aguas turbias y hediondas de la corrupción; por tanto, rechaza la maliciosa provocación del corruptor, quien siempre está merodeando por los predios de la administración pública con la esperanza de seducir a algún funcionario, de primera o tercera categoría.
Sabemos que una de las principales características de esta agrupación social es luchar por obtener el poder político, cosa que, automáticamente, lo lleva a tener el derecho, dentro de las prerrogativas democráticas, a administrar las instituciones que son propiedad del Estado.
Lo cual significa entonces que la dirección de la cosa pública recaerá sobre el segmento o ramificación de la clase política perteneciente a la organización que salga triunfadora en el certamen electoral, llamado a celebrarse cada cuatro años.
