En su reunión de esta tarde a las 4:00 en el Palacio Nacional, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tratará de aprobar el reglamento que le permita la escogencia de 13 jueces de las altas cortes.
De estos deberá escoger cinco magistrados del Tribunal Superior Electoral (TSE) , cuatro de la Suprema Corte de Justicia y otros cuatro del Tribunal Constitucional.
En la reunión que encabezará Danilo Medina, como presidente del organismo, se verán las cinco observaciones que han hecho organizaciones a la propuesta de reglamento.
Este año se escogerán cinco jueces del TSE y cuatro de la Suprema. Mientras en el 2018 se escogerán cuatro jueces del Tribunal Constitucional (TC).
Los jueces del TSE a ser sustituidos son Mariano Rodríguez Rijo, presidente, y como jueces miembros Mabel Féliz, Marino Mendoza, John Guiliani y José Manuel Hernández Peguero.
Mientras que de la Suprema deben ser sustituidos Dulce María Rodríguez de Goris y Martha Olga García, que pasan los 75 años de edad, el renunciante Julio César Castaños Guzmán, quien preside la Junta Central Electoral (JCE), así como Víctor José Castellanos, que solicitó su pensión como juez de ese Poder del Estado.
Entre las exigencias de los sectores representantivos y de los partidos de oposición están que los nuevos magistrados de las altas cortes no sean políticos, que presenten tres años de declaraciones juradas de bienes o tres años de declaraciones de impuestos.
El Consejo de la Magistratura lo integran el presidente Medina, que lo preside, así como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía; el juez Frank Soto, el senador José Paliza, la diputada Josefa Castillo y el procurador general de la República Jean Alain Rodríguez.
Paliza y Castillo, legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), miembros del CNM, mantienen su posición de que los nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral no deben ser integrantes de los partidos y que sean honestos.
UN APUNTE
Imparciales
La mayoría de los sectores reclaman que los nuevos jueces de las altas cortes no sean políticos, que rindan sus declaraciones juradas de bienes y que sean escogidos con la mayor transparencia posible. Su historial de vida también deberá ser tomado en cuenta.
