Después de 192 años de aplicación del Código Penal Dominicano, de los cuales 62 se hizo en francés y 130 en español, se promulgó un nuevo Código, basado en que con el antiguo no era posible disminuir la delincuencia, sancionar la corrupción administrativa y el tráfico de influencia, a pesar de que por 140 años contemplaba la pena de muerte. El viernes el presidente Danilo Medina promulgó la nueva legislación, la cual entrará en vigencia un año después de su publicación en un medio de comunicación, según la disposición presidencial.
El viejo Código Penal fue introducido al país por los invasores haitianos encabezados por Jean Pierre Boyer, el 9 de febrero de 1822, en el idioma francés y aplicado por jueces haitianos hasta el 27 de febrero de 1844, cuando se proclamó la Independencia Nacional.
Después de la expulsión de los haitianos, el presidente Pedro Santana al proclamar la primera Constitución el 6 de noviembre de 1844, dejó vigente los mismos textos jurídicos, inclusive aplicándose en el idioma francés.
Pero, en 1882, el presidente Ulises Heureaux contrató los abogados José Castro, Apolinar de Castro, Manuel Galván y José Joaquín Pérez para que realizaran las traducciones y dos años después mediante la Ley 2274, de 1884 puso en vigencia el Código Penal, que contemplaba la pena de muerte.
La disposición de la pena de muerte estuvo vigente hasta 1966, cuando fue abolida en la reforma constitucional del primer gobierno de Joaquín Balaguer.
Los presidentes Pedro Santana, Buenaventura Báez, Uilises Heureaux, Ramón Cáceres, Joaquín Balaguer, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, según los registros de los medios de comunicación, denunciaron actos de corrupción sin que se produjeran sanciones en los tribunales.
Por ejemplo, en noviembre de 1991, el presidente Joaquín Balaguer, mediante decreto número 320-91 creando una comisión de abogados para evaluar las decisiones de los jueces.
Ahora en noviembre de 2014 la firma Penn Schoen & Berland, presentó una encuesta donde un 58% de la población consideraba que los gobiernos de la última década eran los más corruptos.
El nuevo Código Penal presenta algunas innovaciones, entre ellas un aumento de la pena de 30 a 40 años de cárcel, redactado por los juristas Artagnán Pérez Méndez, Ramón Andrés Blanco Fernández, Víctor José Castellano, Víctor Juárez Castillo, Lorenzo Fermín y Mercedes Cosme de Gonell, el cual estaba en los archivos del Congreso desde 1999, cuando el entonces presidente Leonel Fernández introdujo la pieza.
Desde ese mismo año están en los archivos del Congreso los proyectos de modificación de los Códigos Civil, Procedimiento Civil y de Comercio.
En el año 2002 también se aprobó el Código Procesal Penal, promovido por agencias internacionales y redactado por los abogados Félix Damián Olivares y Ramón Núñez, en la habitación 210 del hotel Lina.
