Una encuesta realizada por el periódico Hoy arrojó que la delincuencia es el problema más agobiante que sufre la población dominicana. Los robos, asaltos y bandas que perpetran golpes, heridas y muertes de ciudadanos indefensos, se tornan cada día más preocupantes.
La Suprema Corte de Justicia, en un intento por moderar las decisiones de los jueces sobre las medidas de coerción, emitió la resolución 58-2010, que fija criterios que los magistrados del orden judicial deben tomar en consideración al imponer o variar la prisión preventiva.
A veces se critica que el alto tribunal traza normas, interpretando esto como función legislativa, propia del Congreso. Lo que acontece es que frente a la inercia de los poderes públicos, la Suprema Corte de Justicia, se ha visto en la necesidad de adoptar algunas resoluciones reguladoras.
Se recuerda que la alta Corte dictó una resolución otorgando derechos al concubinato y posteriormente esta iniciativa adquirió rango constitucional. Asimismo, se recuerda que el pleno del tribunal diseñó un marco legal para ejercer la acción de amparo, la cual fue instituida por ley y consagrada en la Carta Magna.
Los jueces de tribunales inferiores, al aplicar la prisión preventiva, deben ponderar si existen elementos de prueba suficientes para sostener razonablemente que el imputado es, con probabilidad actor o cómplice de una infracción grave.
La citada resolución estima que debe ser privado de su libertad un imputado cuando existe el peligro de fuga basado en presunción razonable, con la apreciación de la circunstancia del caso particular, acerca de que el encartado podría no someterse al procedimiento.
Finalmente, la resolución llama a la reflexión a que el juez que ordenase una o varias de las medidas de coerción establecidas en el Código Procesal Penal, debe hacerlo siempre de manera sopesada, adecuada, racional y cautelosa.
