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Cójanlo

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Pura y simple

 

Con la destitución de otra jueza por incurrir en supuestos delitos graves en el ejercicio de sus funciones, el Consejo del Poder Judicial vuelve a enviar un mensaje confuso. No habló de concusión en el caso de la magistrada Regina Carvajal Vizcaíno, de San Cristóbal, pero la acusó de negociar recursos de amparo.

Esas supuestas acciones son más graves, al menos en apariencia, que la decisión de levantar la oposición a la cuenta de un vinculado con el decomiso de 333.13 kilos de cocaína.

Si Carvajal Vizcaíno incurrió en las los delitos por los que fue destituida, procedía también su sometimiento a la justicia.

Más aún cuando el expediente señala que a través de su seguridad, el sargento Jeudis Paredes Mejía, la magistrada recibió 300 mil pesos por favorecer a una casa de cambio en un recurso de amparo contra el empresario Celso Marranzini y Multiquímica Dominicana.

Sin otras consecuencias que la destitución, el Poder Judicial deja abierto el camino a jueces para que negocien sentencias. Si las leyes no van más allá de la destitución, entonces habrá que crearse algún mecanismo para evitar que delitos como los atribuidos a Carvajal Vizcaíno queden impunes.

El Nacional

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