Santo Domingo.-El presidente del Colegio Dominicano de Notarios dijo que los aumentos de las tarifas sin soporte jurídicos de cuatro instituciones estatales son “un verdadero festival de tributos en modalidad de impuestos encubiertos”, y recalcó que éstas superan con creces a las que cuestionaron con relativo a los honorarios de los notarios.
Así lo aseguró Pedro Rodríguez Montero durante un discurso en el acto de juramentación del nuevo consejo directivo del Consejo de Notarios, celebrado en un hotel de la capital con la asistencia de miembros de los distintos poderes públicos y de notarios de diferentes provincias.
Manifestó que las subidas de tarifas por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la Procuraduría General de la República (PGR), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), entre otras dependencias públicas, contravienen el espíritu de la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional que refrenda el texto supremo, el cual reserva la facultad de establecer impuestos al Congreso Nacional.
“Con estas actuaciones se pone en evidencia que los ataques a la Ley número 140-15 no era por la supuesta desproporcionalidad tarifaria, sino que más bien se procuraba evitar que el principio de inmediación se cumpliera, es decir se ha querido evitar que el notario esté ´presente para avalar la veracidad de las firmas y fechas al momento de hacer los contratos y otros actos de la vida jurídica, cuestión que no puede justificarse y por tanto no se atreven a decir”, expuso.
Rodríguez Montero señaló que el Colegio Dominicano de Notarios dispone de las tarifas notariales de los principales países, en especial de América Latina, “y la establecida por la ley dominicana está por debajo o igual que los demás, de ahí que en el caso nuestro no resulta ni justo ni válido hablar de que la misma es desproporcionada o irrazonable”.
Indicó que espera que, ahora que han ocurrido todos estos desatinos, auspiciados por organismos públicos que han cuestionado injustamente a nuestro Colegio, se comprenda que la Ley Notarial es un instrumento equilibrado, justo y procura el noble fin que exige la Constitución de la República a toda disposición legal”.
Resaltó que durante todos estos meses de 2016 “hemos observado con sorpresa cómo los propios críticos de la supuesta desproporcionalidad de la tarifa legal notarial, han impuesto, cuando no, han tratado de imponer el pago de “tasas por servicios” irrazonables, arbitrarias y verdaderamente desproporcionadas a la población que se ve precisada a recurrir a esas dependencias”.
