Santo Domingo, 20 oct (EFE).- La Comisión Bicameral del Congreso Nacional que estudia el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación favoreció hoy reubicar los 200 millones de pesos a favor del Tribunal Constitucional (TC) que por “error” fueron asignados al Tribunal Superior Electoral (TSE), según informó el hemiciclo en nota de prensa
El órgano legislativo tomó la decisión luego de escuchar hoy al presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara.
El senador Tommy Galán, presidente de la Comisión Bicameral, dijo que el tema de los 200 millones de pesos está “aclarado y definido”, ya que según las revisiones que realizó la comisión que estudia el Proyecto de Ley de Presupuesto hubo un error y hay que corregirlo.
Refirió que al final, en las recomendaciones que realizará la Comisión, se reubicarán los 200 millones al organismo constitucional y todo estaría resuelto en función de sus reclamos al monto que ha podido justificar y los programas que están sustentados.
En tanto que el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, calificó la reunión de la Comisión Bicameral de Presupuesto de provechosa porque permitió aclarar muchas cosas.
“Realmente nos hemos sentidos muy complacidos de haber comparecido ante la Comisión que tiene a su cargo el estudio del Proyecto de Ley y Presupuesto”, puntualizó el presidente del TC.
La semana pasada el presidente del TC tronó contra el Gobierno asegurando que la “insuficiente” asignación presupuestaria para ese organismo para el año próximo, fue una “retaliación” de las autoridades contra ese organismo.
Días después de su estallido, el Gobierno anunció que por un “error” se habían destinado al TSE 200 millones de pesos que en realidad fueron asignados al Tribunal Constitucional.
Sin embargo, el TSE ahora reclama que se mantenga el “error” y que esos 200 millones de pesos no les sean retirados.
Varios sectores locales afirmaron que la reacción “airada” de Milton Ray Guevara parecía ir en dirección a la sentencia 168-13 evacuada por el TC en septiembre de 2013 que define en cuáles condiciones se puede obtener la ciudadanía dominicana y que desató los “mil y un demonios” en las relaciones con Haití, país de donde procede la mayoría de los ciudadanos indocumentados residentes en el país.
