Una comisión de alto nivel conformada por vicecancilleres y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, revisaba esta mañana la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), para dar una respuesta contundente a términos que dicen son “inaceptables” como nación libre y soberana.
Una fuente de entero crédito de la Cancillería dijo a El Nacional que “un equipo de alto nivel analiza detenidamente la sentencia de la CIDH, a fin de fijar la posición oficial del Gobierno, “porque la República Dominicana no se dejará imponer cosas como le corresponde como Estado soberano”.
Ayer se dio a conocer la sentencia de la CIDH, que había emitido en agosto pasado, en la que condenó a la República Dominicano por el caso de un grupo de personas que dijo haber sido repatriadas a Haití de manera irregular.
En la decisión se ordena a República Dominicana que modifique su Constitución para permitir que puedan adquirir la nacionalidad dominicana los hijos de extranjeros en situación migratoria irregular nacidos en este territorio.
“El país, los dominicanos pueden estar seguros que se va a analizar y responder conceptos que para nuestra nación son inaceptables”, expuso el informante a condición de que no se revelara su identidad.
Señaló que cuando el canciller, Andrés Navarro García, retorne de Haití esta tarde, se integrará enseguida a la comisión de Alto Nivel que analiza el fallo de la CIDH para presentarla al presidente Danilo Medina.
La actual Constitución dominicana, vigente desde enero del año 2010, excluye de manera explícita, en su artículo 18, de la nacionalidad dominicana por jus solis a “los hijos e hijas de extranjeros que residan ilegalmente en territorio dominicano”.
En la sentencia, los jueces ordenaron a República Dominicana adoptar las medidas necesarias en un plazo de seis meses, para que Willian Medina, Awilda Medina y Luis Ney Medina cuenten con la documentación necesaria para acreditar su identidad y nacionalidad dominicana.
La sentencia de la CIDH ordena a la República Dominicana “adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma de cualquier naturaleza, sea ésta constitucional, legal, reglamentaria, administrativa, o cualquier práctica, o decisión, o interpretación, que establezca o tenga por efecto que la estancia irregular de los padres extranjeros motive la negación de la nacionalidad dominicana a las niñas y niños nacidos en el territorio de República Dominicana”.
También ordena “adoptar las medidas legislativas, inclusive, si fuera necesario, constitucionales, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para regular un procedimiento de inscripción de nacimiento que debe ser accesible y sencillo, de modo de asegurar que todas las personas nacidas en su territorio puedan ser inscritas inmediatamente después de su nacimiento independientemente de su ascendencia u origen y de la situación migratoria de sus padres.
El organismo en su fallo, dio a conocer ayer la sentencia sobre el caso de un grupo de personas que dijeron haber sido privadas de su libertad y posteriormente expulsadas del país de manera sumaria, algunas de las cuales dijo eran dominicanas.
En cuanto a los casos que ocurrieron entre los años 1999 y 2000, la Corte concluyó que República Dominicana era responsable internacionalmente por la violación de los derechos de esas personas.
