SANTO DOMINGO.- La comisión que investigó el proceso de licitación de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina entregó este lunes el informe que hizo al respecto al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, como parte de la culminación de los trabajos encomendados por el presidente Danilo Medina.
Rodríguez dijo que dicho informe será analizado y estudiado por una comisión del Ministerio Público, a los fines de ser incluido en la investigación que sobre el caso Odebrecht realiza la Procuraduría General der la República.
“Lo evaluaremos y lo someteremos a lo que son nuestras propias investigaciones, utilizando como referencia lo que allí se contempla”, manifestó Rodríguez.
Adelantó que si encuentra cualquier evidencia que demuestre que deben profundizar la investigación que ha realizado el Ministerio Público, lo hará.
El presidente Medina designó mediante decreto 6-17, una comisión para que investigue el proceso de licitación y adjudicación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, donde Odebrecht era parte del consorcio establecido para la construcción de la obra.
La comisión estará compuesta por monseñor Agripino Núñez Collado, presidente del Consejo Económico Social y representante de la Iglesia Católica; reverendo Jorge Alberto Reynoso Cabrera, pastor evangélico; Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); y José Luis Corripio Estrada (Pepín), empresario.
Además, Gabriel del Río Doñé, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC); Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus); Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios; Celso Marranzini, ex vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE); César Sánchez, ex administrador la CDEE, quien luego renunció, y Jaime Aristy Escuder, economista.
¿Qué determino?
La comisión determinó que no hubo irregularidad en el proceso de licitación de dichas plantas, las cuales son construidas por varias firmas de ingenieros, encabezadas por Odebrecht.
Mediante el decreto, el Gobierno le otorga a la comisión “plena potestad para investigar a todos los funcionarios que desee investigar, así como los representantes de las firmas profesionales que asistieron a la CDEEE en el proceso de licitación y adjudicación de la obra”.
