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¿Cómo terminan los presidentes en América Latina?

¿Cómo terminan los presidentes  en América Latina?

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Recordemos la forma en que concluyó su mandato el difunto y joven expresidente de El Salvador, Francisco Flores, quien ostentó el poder entre 1999-2004 y procesado por corrupción tras comprobarse que desvió más de quince millones de dólares donados por el gobierno de Taiwán para ayudar a los damnificados de los terremotos del 2001.

Ahora al vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas se le acusa de acciones de corrupción por lo que podría ser interpelado en juicio político.

El trauma más estremecedor en el ámbito de quienes dirigen el poder político en América Latina es cuando la manecilla del reloj apunta hacia el inexorable final de su mandato, que se acaba el tiempo de conducir el Estado y por consiguiente, el final de todo el glamur y privilegio que significa tener en sus manos los destinos de un país.

Actualmente en Brasil el expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva, fue condenado a 9 años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, durante su mandato del 2003-2011.

Lula brilló como presidente de Brasil al punto que varios medios internacionales le dieron el título de personaje del año y hasta el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lo llamó “el político más popular del planeta”.

En Guatemala, la exvicepresidenta de ese país centroamericano, Roxana Baldetti, será extraditada y juzgada por la Corte del Distrito Federal de Columbia, Estados Unidos, por vínculos con el narcotráfico internacional.

James Madison precursor constitucionalista de Estados Unidos, expresó “el fin de toda constitución política, debería ser, conseguir primeramente como gobernantes a los hombres que posean mayor sabiduría para discernir y más virtud para procurar el bien público; y en segundo lugar, tomar las precauciones más eficaces para mantener esa virtud mientras dure su misión oficial”.

Pobreza versus corrupción

En muchos pueblos de América Latina la gente ha salido a las calles a demandar el cese de la corrupción y castigo contra los que han desfalcado el erario público como está ocurriendo actualmente en la República Dominicana.

El Movimiento Marcha Verde concita cada vez más simpatía entre sectores de la clase media y baja que ven en ese instrumento de lucha la oportunidad para desahogarse y reclamar que los corruptos no tan solo sean encarcelados sino que además se les quiten los bienes robados desde el gobierno.

Pobreza extrema en RD

Según el Índice de Desarrollo Humano del PNUD en el 2016, la tasa de Pobreza en la República Dominicana es de 32. 1; la pobreza extrema es de 5.8%, mientras que el Incide de Desarrollo Humano es de 0.700.

El Banco Mundial observa que el país requiere de una política de inclusión social que permita desarrollar la productividad y así mejorar los niveles de vida de la población más vulnerable.

En su informe del 2016 sostiene que el gasto social del gobierno en materia de salud sigue siendo uno de los más bajos en relación a los demás países de la región. En promedio es de 1,6 por ciento del Producto Interno Bruto en salud frente a un promedio regional de 4,5 por ciento.

Y agrega que “adicionalmente, la falta de confiabilidad y calidad en los servicios de agua potable y electricidad afectan los motores de crecimiento tales como el turismo, la agricultura y la manufactura”.
El Banco Mundial en un estudio realizado en abril de este año 2017 sugiere como políticas a aplicar por las autoridades en el país las siguientes medidas:

-Mayor inclusión productiva, a través de un mercado laboral con mejor capital humano y mayor participación de mujeres, vínculos entre la inversión extranjera y la economía local, así como aumento de la productividad.

-Un gasto público que sea suficiente y efectivo en el contexto de un espacio fiscal limitado.
-Aumento de la resiliencia al cambio y los desastres naturales, y mejora en el manejo de recursos naturales para sostener los altos niveles de crecimiento.

En suma, la gente está consciente de que la falta de hospitales, de fuentes laborales, escuelas, caminos vecinales y centros comunales se debe en gran medida a la corrupción en el sector público.
El autor es catedrático universitario y periodista.

El Nacional

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