¿Cómo nos iremos al aeropuerto?, le pregunté a mi compañero de viaje por una semana a la ciudad de La Habana. No molestemos a nadie, dejemos el vehículo en el parqueo de larga duración y así regresamos en él al llegar, me contestó. Yo, que nunca había usado tales servicios, me interesé en saber el costo del mismo. Por ese período, el precio es alrededor de RD$900.00, me informó mi acompañante.

La suma me pareció tan poco onerosa, que hasta lo dudé, y para mi sorpresa, al llegar al lugar pudimos comprobar que era incluso un poco menos que lo previsto, tal como se podía leer en un letrero contentivo de las tarifas. Así que, estacionamos el automóvil, y nos cuidamos de comprobar que disponíamos de los pesos dominicanos suficientes para saldar la cuenta por ese concepto al finalizar nuestro viaje.

Terminada la travesía, abordamos el medio de transporte y nos dirijimos a la estafeta de pago, sacando previamente el dinero con el cual pagaríamos. Al llegar, le entregamos al empleado la boleta del parqueo y 9 billetes de RD$100.00 cada uno, para que se cobrara el importe del servicio que habíamos utilizado.

No podíamos creer lo que el señor nos estaba diciendo. Procedió a cobrarnos casi RD$2,500.00. Le cuestionamos sobre el monto, alegándole que al momento de estacionar el vehículo habíamos leído el aviso que decía una cifra tres veces menor. Sin ninguna actitud de lamento por el obvio inconveniente que se nos estaba causando, nos dijo que en el transcurso de esa semana las tarifas habían sido reajustadas.

Le expliqué que cuando parqueamos el automóvil estaban vigentes unos costos diferentes y que en ese momento se había establecido una relación contractual entre nosotros y la administración del aeropuerto, la cual era regida por precios que no podían ser modificados mientras ese contrato existiera, salvo acuerdo previo entre las partes. Las nuevas condiciones, le dije, sólo podían aplicar en contra de quienes se estacionaran a partir de su promulgación.

El señor, como es comprensible, dada su condición de subalterno de los que habían impuesto algo tan injusto e ilegal, alegó que nada podía hacer. Perdimos en eso, y le hicimos perder a otros, muchísimo tiempo. Por fortuna, pudimos reunir, aun fuere a duras penas, los pesos necesarios para liquidar una cuenta que nos irritaba más que por su cuantía, por el carácter abusivo de su imposición.

Ese contrato, que no necesita la redacción de ningún documento para perfeccionarse, sino que se concretiza por el simple acuerdo entre una parte que estaciona su automóvil bajo el conocimiento de las condiciones en que lo hace, y la otra que ofrece la facilidad a partir de un precio predeterminado, había sido violado de forma unilateral, con la agravante de que tal vulneración no conllevó ningún tipo de sanción en perjuicio del causante de los daños y perjuicios. Eso es un atropello contra los ciudadanos.

¿Cuál es la lección más importante que se desprende de esto? Que, una vez más, se repite la historia de contratos y concesiones realizados por las autoridades dominicanas sin las debidas precauciones para evitar que los concesionarios abusen de los usuarios de sus servicios. Esos negocios resultan muy rentables por la capacidad de maniobrar de los beneficiarios antecedentes que no establecen reglas equitativas, ni les interesa ejercer una adecuada supervisión. El caso de los contratos eléctricos son ejemplos muy elocuentes.

Ser empresario en esas condiciones es muy fácil, porque no implica el riesgo consustancial a toda inversión, sino que, por el contrario, una alta rentabilidad está garantizada, tanto como el abuso y la lesión para los habitantes de un país que no tienen quien defienda sus intereses.

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