El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) solicitó a la Cámara de Diputados descontinuar el conocimiento del Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y de Uso de Suelo, aprobado en primera lectura, y abrir un proceso de consulta previo a la aprobación del mismo.
También reiteró su disposición de mantener un diálogo sobre esta importante pieza legislativa, así como su soporte en aras de realizar las labores de investigación y estudio económico, de tratados aplicables y legislación comparada.
En una comunicación dirigida a la Cámara de Diputados, el sector empresarial representado por el Conep, expresó su preocupación en torno a esta pieza, la cual entienden contiene ciertos articulados que resultarían confusos en cuanto su aplicación, y en principio, violatorios a la Constitución, además carentes de concordancia con acuerdos y tratados internacionales que rigen la materia de cambio climático, uso de suelo, en especial suelo marino.
La organización empresarial que preside Rafael Blanco Canto indicó que es evidente que el proyecto legislativo carece de la observancia de preceptos constitucionales, internacionales y legislativos y por demás de base para su aplicación, en adición, entienden necesario un estudio del impacto económico al establecer como fuente de financiación el 1% de la recaudación del Impuesto de la Propiedad Inmobiliaria (IPI) y la facilidad y posibilidad de la creación de más provincias, lo que repercutiría en un gasto administrativo mayor en el presupuesto nacional.
Entienden prioritario que se garantice la aprobación de una pieza que pueda ser aplicable al rol del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD), pero más aún el de los distintos ministerios que rigen y regulan el proceder del desarrollo económico y de asentamiento poblacional sin afectar el desarrollo sostenible, el uso y usufructo del derecho de propiedad y la garantía del respeto de los derechos adquiridos.
Señalaron importante ante todo prever lo establecido en los tratados y acuerdos en virtud de la naturaleza internacional tanto públicos como privados del ámbito ambiental, cambio climático y marítimo, en los que el país es signataria.
