Propicia es la ocasión para rememorar el famoso estribillo de la canción “El muerto vivo”. A decir verdad, vergüenza debiera darle a la Procuraduría General de la República anunciar que tiene en su poder suficientes evidencias para establecer que Pedro Alejandro Castillo Paniagua “Quirinito” no ha fallecido.

¿Y los controles?…. ¿Qué pasó?…. ¿Cuál seguimiento dio la Procuraduría General a un reo condenado a 30 años? ¿O dirán ahora que era competencia del juez de la Ejecución de la Pena? No se trata de un preso cualquiera. Estas y otras interrogantes surgen porque todos son, de alguna manera, responsables de un hecho de esa naturaleza. Jueces, fiscales, agentes penitenciarios, médicos, legistas, entre otros.

En la variación de la prisión en una condena que en principio estaba para cumplirse en un recinto penitenciario, la cárcel de Najayo, y que posteriormente fue cambiada a domiciliaria, en San Francisco de Macorís, participan jueces y fiscales, y se demuestran documentos o presupuestos para avalar la petición que finalmente fue acogida.

Mucha eficiencia demuestra el sistema de justicia en el que no se excluye al Ministerio Público, en otros casos. ¿O en el de Quirinito alguien quiso hacerse de la vista gorda?.

La Procuraduría General de la República tiene control de todas las cárceles, sean o no del nuevo modelo, tiene los mecanismos para ello y por demás establecer los controles en una prisión domiciliaria.
La jueza Aleyda Jiménez Acosta, de Ejecución de la Pena de San Francisco de Macorís, lo envió a prisión domiciliaria acogiendo el presupuesto presentado entre los abogados y el Ministerio Público, lo que parecería que le armaron un trompo como se dice en el lenguaje popular.

Crearon un cuadro clínico para que todo saliera bien, creyendo que nada se iba a saber. La jueza actuó apegada al derecho, en un escenario donde el condenando era llevado hasta con oxígeno a las audiencias.

La esposa del condenado, Jennifer Esthefani Domínguez de Castillo, ha dicho a las autoridades que su esposo “murió en su residencia, en horas de la mañana del pasado 5 de julio del presente año”, y que “no estaba en disposición de decirles a las autoridades quién se llevó el cadáver ni dónde está enterrado”.

Señor procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, cuando un reo muere en un recinto carcelario o en prisión domiciliaria, las autoridades deben tener conocimiento. Máxime cuando un médico legista certifica la muerte del presidiario.