Las disputas entre el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la oposición en torno a los bufetes directivos de las salas capitulares, alejan la aprobación de una Ley de Partidos y la de Garantías Electorales, reclamada por la sociedad y organismos internacionales.
No ha aparecido un mediador que sea capaz de buscar un punto intermedio entre las posiciones del oficialismo y la oposición que pueda prevenir cualquier incidente el próximo martes 16, cuando se escogen los bufetes de los Concejos.
La oposición ha escogido el camino del enfrentamiento al entender que el PLD pretende “apoderarse” de todos los estamentos de poder.
Resulta que sin una nueva Ley de Partidos y la de Garantías Electorales en los comicios del 2020 se repetirían las mismas anomalías que se produjeron en los del pasado 15 de mayo.
La Ley de Partidos tiene más de 12 años en el Congreso Nacional y la de Garantías Electorales más de cinco.
En medio de este ambiente se hace casi imposible que el 16 de este mes, cuando se abre la segunda legislatura ordinaria del año y toman posesión las nuevas autoridades se discutan las referidas iniciativas.
Grupos minoritarios aliados del PLD en estos momentos por conveniencia municipal se han unido al PRM para preservar sus espacios.
El Bloque Institucional Social Demócrata (BIS) y el Demócrata Cristiano, apoyaron la reelección del presidente Danilo Medina, pero llevaron candidaturas propias en los niveles municipal y congresual.
Arriba y abajo
El PLD y el PRD hace más de una década se han comprometido públicamente con la Ley de Partidos, pero cuando llegaron al poder se olvidaron de ello, porque al parecer les resulta más beneficioso políticamente desenvolverse en medio de caos.
El PRM es un desprendimiento del PRD y sus líderes fueron figuras de primer orden en esa organización.
La Junta Central Electoral (JCE), encabezada por Roberto Rosario, celebró un seminario nacional en el que participaron expertos internacionales y el PLD y PRD se comprometieron aprobar esa iniciativa del organismo comicial. De eso hace más de cuatro años.
Acusaciones mutuas
El PLD ha acusado al PRM de cualquier “desgracia o baño de sangre” que pueda originarse en la escogencia de los bufetes de las salas capitulares.
Afirma el PLD que el PRM busca desconocer y boicotear el triunfo de esa organización en alcaldías de todo el territorio nacional.
El PRM riposta señalando que la “regla de oro” a la que alude el PLD sólo ha servido para que los alcaldes en contubernio con el presidente de las salas capitulares desfalquen los ayuntamientos.
La citada fórmula consiste en que el presidente de la sala capitular sea del mismo partido que del alcalde. Esta fue una iniciativa del histórico líder del PRD, doctor José Francisco Peña Gómez y ha permitido la gobernabilidad en los ayuntamientos.
Una de las bases de sustentación de esa regla de oro es que se debe permitir que los alcaldes ejecuten los programas que prometieron al electorado y que si no lo hacen el pueblo les cobre con el voto cuando pretendan repostularse.
