Santiago de Chile, (EFE).- La Contraloría General de la República de Chile determinó este miércoles que los cambios al protocolo de objeción de conciencia del aborto en tres causales realizados por la Administración de Sebastián Piñera no se ajustan a derecho.
Según informó la entidad, “los establecimientos públicos de salud no pueden invocar objeción de conciencia, debido a que es función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud”.
“Las instituciones privadas que tengan convenios con el Estado tampoco pueden acogerse a la objeción de conciencia, puesto que al recibir financiación pública se entiende que sustituyen a los servicios de salud y forman parte de la red pública de salud”, agrego el ente mediante un comunicado.
El Ejecutivo modificó el pasado marzo el “protocolo de objeción de conciencia” para permitir que las instituciones objetoras sigan recibiendo aportes del Estado pese a negarse a practicar abortos.
Con la modificación se eliminaban las actas de acuerdo y el hecho de que cada objeción debía estar firmada por el director del establecimiento. Con estos cambios se exigían menos requisitos a los recintos que se manifestaran ser objetores. Pese a ello, debían garantizar la atención inicial y un traslado a la paciente.
El dictamen de la Contraloría recordó hoy que en septiembre de 2017 se publicó la ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.
La despenalización del aborto en tres circunstancias específicas, en caso de inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la mujer y por embarazos producto de una violación, fue uno de los proyectos emblemáticos de la expresidenta Michelle Bachelet y uno de los ejes principales de su Gobierno.
Según un catastro, de 971 médicos obstetras de hospitales, 306 se han declarado objetores de conciencia, cifra que equivale al 31 % del total. En el caso de los anestesiólogos, de 257, solo 39 aclararon que no harán un aborto (15 %).
Sin embargo, con el dictamen de la Contraloría, esta declaración de principios de los médicos no podrá ser efectiva ni en la red pública ni en la privada. Cifras oficiales dan cuenta que en los últimos 10 años se registraron en Chile un total de 322.814 interrupciones del embarazo.
