Ya no somos pocos/as quienes identificamos corrupción e impunidad con el sistema estatal y empresarial establecido, con el partidismo tradicional, con la gansterización de la política y las cúpulas capitalistas, con una institucionalidad manipulada por actores moralmente degradados más allá de las lacras propias del liberalismo burgués.
En la marcha-tsunami del pasado domingo aprecié una fuerte simpatía con la señalización de los personeros y entidades gubernamentales y empresariales de la corrupción, beneficiarias de la corrupción estructuralmente impune: presidentes, ministros, congresistas, tribunales, magnates, generales, corporaciones, políticos…
Escuché muchas expresiones condenatorias en ese tenor, con un énfasis mayor contra figuras y entidades del régimen actual (la dictadura morada); sin excluir los demás colores de un partidismo degradado por la corrupción, autoritarismo, insensibilidad social y sumisión a la estrategia neoliberal del gran capital.
Los que han gobernado en las últimas décadas, los que han dominado junto a grupos satélites o sanguijuelas privilegiadas, han cosechado enorme repudio y desconfianza. Las instituciones que controlan carecen de credibilidad, sistemas judicial y electoral incluidos. Están arrinconados, sin autoridad para movilizar y enarbolar los reclamos del pueblo empobrecido, capas medias mal tratadas e incluso sectores acomodados apegados a la honestidad.
La propia marcha dejó a un lado al sistema tradicional de partidos y su forma perversa de hacer política, en clara señal de que algo nuevo se está gestando con una diversidad de protagonistas sociales politizados.
Ella fue más allá de los sobornos de Odebrecht y el simple reclamo a las autoridades judiciales y entidades establecidas, porque una parte significativa de la sociedad ya percibe que los corruptos que ejercen los poderes del Estado y los funcionarios por ellos sobornados no van a actuar contra sí mismo; no se van a meter a la cárcel ni a devolver lo robado por las buenas, sino que habrá que crear una nueva situación que permita invalidarlos para gobernar y generar una nueva institucionalidad.
Crece la convicción, que en tanto la gran corrupción emana y beneficia a las cúpulas dominante-gobernantes, que a la vez controlan los mecanismos garantes de impunidad, es tonto pedirle -como esperar- mangos banilejos de la guasábara.
Por eso hay que aportarle más energías a la democracia de calle que comienza a desplegarse, así como a la propuesta de una Constituyente Soberana que posibilite refundar las instituciones, nueva justicia, barrer corrupción y desigualdades, y crear bienestar colectivo. ¡Hay que construir en común una salida política que reemplace lo decadente!
