Editorial

Crespón negro

Crespón negro

La destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, por el Senado que la sometió a un juicio político, constituye un agravio para la todavía endeble democracia en Latinoamérica a la que se asesta una renovada modalidad de golpe de Estado o interrupción de un mandato constitucional.

Los verdugos de Rousseff no pudieron probar ningún tipo de delito o crimen relacionado con prevaricación, por lo que sustentaron su condena en alegada violación a leyes fiscales, una manera de ocultar la burda intención de desconocer la voluntad de 54 millones de brasileños que la eligieron presidenta.

La causa que desencadenó la crisis política en Brasil ha sido el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, que nunca llegó a salpicar a la destituida mandataria, pero sí al vicepresidente Michel Temer, y a muchos de los legisladores que propiciaron el golpe de Estado parlamentario.

Dilma fue condenada por supuestamente ocultar déficits fiscales, que la oposición afirma fueron causados por el elevado gasto, una acusación muy frecuente en América Latina cuando los gobierno intentan redistribuir algo del ingreso público, lo que choca con concepciones neoliberales que justifican pobreza y exclusión.

El juramentado presidente Temer ha adelantado que dispondrá el recorte de las pensiones públicas y de programas sociales, lo que significa el retorno a la pobreza extrema de millones de brasileños que habrían salido de esa penuria durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y de Dilma Rousseff.

Ese golpe contra la democracia no garantiza que Brasil pueda rebasar la crisis económica y política que lo abate, al punto que su PIB ha sufrido un descrecimiento de un 4%. Por el contrario, la situación se agravaría en una gestión de gobierno signada por la ilegalidad y la corrupción.

Gobiernos progresistas del continente deberían poner sus barbas en remojo ante la evidente promoción por parte de poderes retardatarios de una ofensiva basada en la judicialización de la política, mediante la aplicación de subterfugios jurídicos para provocar interrupción del orden institucional, como ha ocurrido en Brasil.

La presidenta Rousseff descendió ayer por las escalinatas del Congreso brasileño, con su dignidad intacta, víctima de una conspiración política y corporativa que sirvieron de alfombra a su destitución, un suceso ominoso por el cual en el corazón de América Latina se coloca hoy un crespón negro.

El Nacional

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