Opinión

Crímenes  y delitos

Crímenes  y delitos

Llueven las quejas contra algunos jueces que se disparan con decisiones que facilitan la libertad de imputados sometidos por la comisión de hechos graves como homicidio, trafico de drogas, sicariato, violación a menores, asesinato… Decía Juan Pablo II que sin justicia no hay paz. Y parece que carecemos de ambas.

   El presidente Leonel Fernández y el doctor Jorge Subero Isa, cabeza de la Suprema Corte de Justicia y de otros sectores con gran peso social, muestran su alarma ante la venalidad y la lenidad de estamentos del Poder Judicial.

   Seria una inequidad meter en un saco a todos los jueces. Un juez de Samaná puso en libertad a un grupo de narcotraficantes pertenecientes a un cartel de México; uno de Santiago dispuso la excarcelación de un imputado de matar a una mujer a puñaladas, y hace 72 horas un juez de la provincia Santo Domingo ordenó la soltura de un hombre que violó y mató a una menor de 7 años. Sería interminable publicar una lista de delincuentes que andan en las calles por la indulgencia de ciertos jueces y al abanico de opciones que ofrece el Código Procesal Penal.

   Mediante la resolución 58-2010, del 11 de febrero del año pasado, la Suprema fijó criterios que los jueces deben tomar en consideración para imponer o variar la prisión preventiva como medida de coerción.

   El alto tribunal llamó a los magistrados a tener en consideración el hecho comprobado de que el imputado forma parte de un grupo criminal o si, al salir en libertad, pondría en riesgo a la sociedad, así como también el grado de peligrosidad de la acción punible, reflejado en la escala de la severidad de la pena imponible al imputado y la importancia o magnitud del daño personal o social que deba ser resarcido.

El Nacional

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