Todavía los pasos fueran los mas auspiciosos y absoluta la garantía del procurador general de la República de que el escándalo sobre el soborno de 92 millones de dólares que admitió el consorcio Odebrecht para la contratación de obras, la gente espera, al estilo San Tomás, ver para creer. Porque, entre las muchas crisis que se han enquistado en la nación, la de confianza, como resultado de una impunidad que ha echado raíces, es una de las más arraigadas. Son muchos los que concuerdan que a lo más que se puede llegar en torno al caso es a buscar un chivo expiatorio.
Sin que nadie se llame a engaño, es casi universal el criterio de que el escándalo de corrupción se investiga porque ha brotado del exterior (Brasil y Estados Unidos) e implicado a varios países de la región. En esa percepción es que está el gran reto para el Gobierno de esclarecer, sin la menor pizca de duda, un escándalo en torno al cual algunos países han avanzado bastante en las investigaciones.
Aunque incluso en naciones como Perú, donde se acordó con Odebrecht la devolución de 39 millones de dólares, la identificación de presuntos beneficiarios y se ha anunciado la citación del actual presidente Pedro Pablo Kurzinski, y los expresidentes Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, persisten sus dudas en cuanto a llegar al fondo del proceso.
Tras interrogar al gerente de Odebrecht, Marcelo Hofka, el procurador le requirió entregar los contratos de la compañía, que opera en el país desde 2001, con instituciones y personas, fechas, montos y formas de pago.
Es el mismo procedimiento que se utilizó en el interrogatorio de casi 14 horas al empresario Ángel Rondón, quien reconoció que había recibido los 92 millones de dólares erogados por la firma, pero con la aclaración de que fueron por honorarios profesionales y no para sobornar a ningún funcionario.
No satisfecho con las declaraciones de Rondón, el procurador le reclamó presentar los contratos que avalen los servicios, los comprobantes de los pagos y las cuentas bancarias de donde se recibieron y depositaron los fondos.
Los requerimientos son una señal de que las autoridades parecen decididas a aclarar y establecer responsabilidades al menos sobre el escándalo de los supuestos sobornos, con todo y que no sea el único elemento que tipifica la corrupción en la ejecución de obras. Pero no como para despejar las dudas.
El recelo se entiende en virtud de que por estos predios el Poder Judicial ha carecido de la independencia y la voluntad para perseguir los delitos de corrupción.
Por los amplios nubarrones que ensombrecen la atmósfera en toda la región, profesionales como Gustavo Gorriti, de Perú, estiman que solo a través del periodismo de investigación que no esté corrompido se puede despejar el horizonte y encontrar toda la verdad.
