Lamentablemente, una real e innegable crisis de valores está arropando y apoderándose de nuestra sociedad hace años; posiblemente décadas.

No podemos negar que, a ratos, el buen y correcto funcionamiento de la administración pública se observa empañado por esta crisis de valores en donde algunos servidores públicos, de cierta jerarquía (regidores, alcaldes, diputados, senadores, poder judicial, etc.), se resisten a poner en práctica lo conocido como ética pública.

Donde no hay transparencia pues es lógico que resulte imposible encontrar la ética; y donde no aparezca la ética pues, definitivamente, que la institución estará bajo la mirilla de los órganos fiscalizadores del gobierno y las exigencias propias de la sociedad civil.

Una gestión pública saludable requiere del concurso uniforme de todos los involucrados en donde se ponga sobre la mesa la libre aceptación de rendición de cuentas y de acceso a la información pública.

Ahora que estamos en Navidad, quienes ocupan cargos públicos han de tener por sabido que ellos están obligados a fortalecer y expandir hacia todas las dependencias estatales los principios éticos, morales y religiosos.

Sin dichos principios, que tengan por seguro que nuestra fastidiosa crisis de valores continuará avanzando y ganándonos la lucha contra la irritante corrupción administrativa. Queda dicho.