El Poder judicial dominicano ha explosionado en los últimos días y eso ha conducido a muchos a suponer que se trata de una crisis particular de ese estamento público. Considerarlo así es una conclusión reduccionista que, como tal, no aborda la problemática en su integralidad. Los más recientes escándalos que lo estremecen ponen de manifiesto lo que son lógicas consecuencias de algo que va más allá de lo coyuntural y que nos conmina a ubicar las causas esenciales del pus que ha brotado por una de las infecciones que tarde o temprano tenía que desatarse.
Se sabe que el derecho es un instrumento político. Es decir, herramienta de control de las clases económicas, sociales y políticas preponderantes en una sociedad determinada, llámese como se llame el régimen que en ella impere. Lo que parece ignorarse es que eso no se puede asimilar a convertir el aparato judicial en un mecanismo de latrocinio, de perversión, y de la instrumentalización politiquera más burda que pueda imaginarse.
Esa degeneración de la función natural del Derecho no procede del sistema judicial, sino que él es el receptáculo de las directrices trazadas desde las fuerzas que ejercen el control del Estado para producir un diseño que responda a los intereses que se intenta preservar a como dé lugar.
Eso es lo que ha ocurrido en nuestro país. Un Poder Judicial convertido en caja de resonancia de quienes pretenden, por su mediación, asegurar que tropelías en la conducción del presupuesto, jamás puedan ser escrutadas ni valoradas por quienes tienen el deber de imponer sanciones cuando se cometen infracciones a normativas vigentes.
Ese pervertido proceder ha implicado constantes maniobras para que en los puestos claves del cuerpo judicial sean colocados súbditos del Ejecutivo que jamás osarían hacer producir a actuaciones delictuosas condignas consecuencias.
En las recientes reestructuraciones de este Poder del Estado, la manipulación fue llevada hasta niveles insospechados, designándose cuadros políticos para garantizar mayorías requeridas que galvanizaran la impunidad. Lógico era suponer que, ante cambios en mandos del Ejecutivo, se produjeran repercusiones en lo judicial, que constituyen expresiones del deseo de los nuevos jerarcas de serlo también del sector judicial.
En ese contexto, es incorrecto afirmar que el Poder Judicial esté en crisis. Quien lo está es nuestro sistema político, por cuyas características de desastre mayúsculo, se han conducido las cosas con tal descaro, que la putrefacción se ha hecho crónica, y el mal olor insoportable.
