Cincuenta y cuatro años después (III)
Relatábamos en nuestra columna anterior el encuentro en Najayo, San Cristóbal, en la casa que Trujillo tenía a la orilla del mar, el inicio de la conversación que sostuvo con el autor de esta columna en presencia del senador Fortunato Canaán, padre, interesado en saber, de manera más explícita, las declaraciones que habíamos externado relacionadas con las sentencias de los divorcios por “incompatibilidad de caracteres”, dictadas por el magistrado Antonio Tellado, juez presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
Esas declaraciones fueron reproducidas, en aquel entonces, hace 54 años, días más días menos, por el periódico matutino “La Nación”, propiedad del Gobierno Dominicano. Y al dictar esas sentencias el juez apoderado de los casos estableció el desconocimiento del Concordato vigente entre “el Estado del Vaticano” y el Gobierno de la República Dominicana.
Cuando respondimos a Trujillo su pregunta, conociendo quien era el personaje con el cual conversábamos, le dijimos que “las sentencias de la Cámara Civil eran correctas, porque un hombre y una mujer no estaban obligados a permanecer juntos cuando en la realidad de su matrimonio ya eran enemigos. Que por razones humanas y sociales no se podía mantener unida por el vínculo del matrimonio a una pareja que ya no tenía uno frente al otro ningún tipo de respeto. Que en esos casos, además de la enemistad agresiva, venían los insultos, las injurias, las vías de hechos y hasta el homicidio, pero que al autor de esta columna lo que más le preocupaba, realmente, era poner en manos de la Iglesia Católica el derecho a dirigir el sistema de educación de la República Dominicana. Que éramos maestro desde los 15 años de edad y lo que iba a causar serias consecuencias futuras a nuestro pueblo, era la desaparición del sistema de educación que había creado y puesto en ejecución en nuestro país Eugenio María de Hostos”.
Todavía a esa edad que tenía Trujillo, 69 años, estando sobrio y al margen de su permanente actuación como político, tenía las dos virtudes básicas de un político profesional: la prudencia y la discreción. Quedó mirándonos detenidamente y nos respondió diciendo: “Bueno, ese asunto de la educación, es una responsabilidad de Chilo Peña Batlle y de Balaguer, porque ellos son maestros y abogados y revisaron el texto del Concordato y le dieron aceptación a todo lo que en él estaba explícito. La cuestión del divorcio se resolverá más adelante”. Calló esperando nuestra respuesta y dijimos: “con todo el respeto que usted se merece, permítanos hacer una observación: Balaguer y Chilo nunca han sido abogados, Balaguer subió a estrados en Santiago por primera vez en una causa penal y después de escuchar las exposiciones de los abogados que eran adversarios de él, bajó de estrados, se quitó la toga y no volvió a subir jamás a un tribunal; Chilo, nunca ejerció la profesión, quien era abogado, como usted sabe, era su padre Buenaventura Peña”.
Y continuamos: “ellos dos nunca han sido maestros, han sido profesores universitarios, maestro soy yo desde los 15 años de edad, que participé en la “Campaña de Alfabetización”, que su gobierno dispuso en 1951, alfabetizando adultos, adolescentes y niños en los bateyes de la Grenada Company, en Montecristi. También fuimos maestro de “Escuela de Emergencia Rural”, en esos lugares”. Continuaremos…
