Opinión

Crónica roja

Crónica roja

Al menos ocho personas fueron asesinadas durante el fin de semana, en inusitado rebrote de delincuencia, violencia y criminalidad, que incluyó la muerte a balazos de un funcionario del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, que intentó impedir la comisión de un atraco.

Los asesinatos están relacionados con enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes, atracos, robo agravado y feminicidios ocurridos en el Gran Santo Domingo, Santiago, Monseñor Nouel, Azua y Monte Plata, en un manto de inseguridad ciudadana que se extiende por todo el territorio nacional.

Como si fuera poco, cuatro hombres asaltaron las oficinas principales del Banco Vimenca en Santiago, donde cargaron con más de once millones de pesos, además de celulares y otras pertenencias de los clientes que estaban en el lugar.

El encargado de transportación del cabildo de Santo Domingo Oeste, Camilo Amaro Polanco, fue abatido por forajidos que le dispararon cuando intentó evitar que atracaran a un motociclista en el sector Villa Aura, en tanto que uno de dos delincuentes asesinó de un balazo en la cabeza al empleado de una estación gasolinera en Azua durante otro atraco.

Se trata de sucesos asociados a la delincuencia y criminalidad, que revelan el progresivo deterioro de la seguridad ciudadana, como lo demuestran reportes policiales sobre la muerte de un individuo por una patrulla policial que lo sorprendió en una ferretería, y de dos jóvenes que cayeron durante enfrentamientos entre bandas de narcos en Santiago.

La crónica roja incluye también la muerte de una mujer a machetazos a manos de su expareja en una comunidad de Monte Plata, el asesinato de un niño de un año y seis meses por su padrastro, y el de una ciudadana haitiana demás violada, en San José de Ocoa.

La lista de muertos y heridos atribuidos a violencia y delincuencia se torna interminable, pero también preocupa el creciente número de feminicidios, violencia de género y de asesinatos y homicidios durante riñas entre vecinos.

Se requiere que todas las instituciones del Estado, incluidos Justicia, Poder Legislativo, Ministerio Público, Fuerzas Armadas y Policía aúnen esfuerzos junto a la sociedad civil para levantar un muro de contención al desbordamiento de violencia, delincuencia y criminalidad que amenaza con anegar de inseguridad e incertidumbre a toda la sociedad.

El Nacional

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