El debate sobre la ley de partidos y la ley electoral ha puesto sobre el tapete las diferentes visiones sobre el presente y el futuro de la democracia. Por un lado, unos queremos más y mejor democracia. Por otro lado, otros quieren menos democracia. Unos queremos que la decisión soberana resida en el voto de la militancia de los partidos. Otros quieren que la decisión resida en los escritorios de los dirigentes en las sedes de los partidos.
Hay tres elementos que diferencian estas visiones. El primero es la celebración de las primarias simultáneas bajo la fiscalización de la Junta Central Electoral. Quienes favorecemos este mecanismo, creemos que, dado que la Constitución dispone que los partidos tienen que respetar la democracia interna, se impone que el procedimiento de selección de la dirección y de los candidatos esté revestido de la más absoluta transparencia. El hecho de que los partidos reciban financiamiento público, permite que la JCE pueda fiscalizar estas primarias que se celebrarán simultáneamente en un mismo día por todos los partidos políticos.
Con este mecanismo, se elimina el factor de intervención de fuerzas externas en los procesos internos de los partidos, que en 2008, 2010 y 2012, ha sido fuente de discordia en el sistema de partidos. Con ello, cada partido podrá garantizar la limpieza de las listas de concurrentes, y se evitará fuentes de conflictos e impugnaciones.
En segundo lugar, el voto preferencial. Algunos sectores quieren eliminar el voto preferencial, y restituir el sistema de listas, con el propósito de concentrar el poder de selección de candidatos en las direcciones partidarias. Esto constituiría un golpe a la democracia interna.
Por último, la transparencia financiera. La ley de partidos es la gran oportunidad para transparentar las finanzas partidarias, adoptando normas que eviten el uso ilegítimo de recursos, incluyendo el uso de los fondos del Estado. También, para asegurar fondos para la formación política.
Apoyo, por lo tanto, la ley de partidos con primarias simultáneas, fiscalizadas por la JCE, el voto preferencial y más transparencia financiera. Por más y mejor democracia.
