A dos días del apresamiento y sometimiento a la justicia del ministro de Industria, Comercio y Pymes Juan Temístocles Montás, el presidente Danilo Medina no ha designado a nadie en su lugar, manteniendolo en el cargo.

El mandatario ha sido reiterativo en el discurso de que sustituiría cualquier funcionario al que el rumor público señale con actos de corrupción.

Sin embargo no ha sido así como Montás, aunque sí con Diandino Peña, quien fue destituido de la Opret, después de la publicación de una investigación periodística en la que se dudaba de la procedencia de su fortuna.

Montás fue arrestado el pasado lunes y esta tarde de se conocerá la medida de coerción, junto a otros nueve implicados por la Procuraduría en el expediente de los 92 millones de dólares que pagó la empresa brasileña para obteber contratos de obras gubernamentales.

Otros que han sido destituidos por estar involucrados en acciones corruptas fueron José Joaquín Domínguez, director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), sindicado en la venta irregular de terrenos donde tres personas murieron en San Pedro de Macorís.
También Leoncio Almánzar, director de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), vinculado en la venta irregular de los terrenos del sector Los Tres Brazos a una empresa privada.

En tanto el director de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (Opret) institución que tiene a su cargo la administración del Metro de Santo Domingo, fue destituido del cargo mediante el decreto 168-17.

Esta destitución se produjo a raíz del revuelo generado por una entrevista que le hizo la periodista Alicia Ortega en la cual el funcionario no pudo dar respuestas convincentes sobre el monto de su fortuna y las empresas que tiene.

Mientras la destitución de Montás no se ha producido no obstante, éste haber puesto el cargo a disposición del presidente de la República, desde la cárcel de Ciudad Nueva.
De ser hallado culpables, Montás como los otros 14 imputados por el caso, podrían ser condenados a penas de entre 3 a 20 años de prisión y el decomiso y secuestro de todos los bienes ilícitos, y también podrían ser inhabilitados para ocupar cargos públicos, según el artículo 123 del Código Penal citado en el requerimiento.

En una carta dirigida por Montás al presidente Medina, y a sus compañeros en el Comité Político del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), señala que “hoy recibió la desafortunada noticia de ser acusado por la Procuraduría en el publicitado caso Odebrecht, por la supuesta comisión de crímenes cometidos en el ejercicio de la función pública.

Destaca que en los últimos 16 años se ha desempeñado como funcionario público en cargos de alto nivel en los distintos gobiernos del PLD y que “nunca mi nombre había sido vinculado directa o indirectamente con actuaciones indecorosas o contrarias a la legalidad”.

Todo lo contrario, subraya, “me enorgullece reconocer que mi trayectoria política y profesional ha sido siempre referida por compañeros, amigos, familiares y seguidores como modelo de honestidad, honradez y probidad”.

Dijo que esta “indeseable sorpresa” que ataca su honorabilidad y prestancia social, constituye una perturbadora distracción que afecta su vocación de servicio”.

UN APUNTE:

Otros
En el expediente también figuran los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, del PLD, así como el diputado del PRM, Alfredo Pacheco. No han sido apresados por gozar de inmunidad parlamentaria hasta el 27 de julio.