Los ingresos tributarios en República Dominicana rondan el 15% en proporción al Producto Interno Bruto (PIB), el más bajo de América Latina, con excepción de Guatemala, con el agravante de que el gasto público resulta afectado por leyes que obligan a entregar partidas determinadas a diversas instituciones del Estado.
El Gobierno no ha querido involucrarse en la promoción de una reforma fiscal integral que simplifique la tributación e incremente sustancialmente los ingresos, por lo que ha preferido centrarse en lo que denomina como “eficiencia en la administración tributaria”.
Con excepción del 4% para la educación pre universitaria, el Poder Ejecutivo no ha podido cumplir con leyes que fijan porcentajes fijos del PIB o del Presupuesto Nacional en beneficio del sector salud, Ayuntamientos, Justicia y Universidad Autónoma, quizás porque juntos comprometerían más de un 20% de los ingresos tributarios.
Se resalta que el Estado deja de percibir unos 140 mil millones de pesos anuales por exoneraciones y exenciones acreditadas a sectores productivos o de servicios, equivalentes a un 5% del PIB, porcentaje que crece con los años, en vez de disminuir.
Las recaudaciones fiscales se incrementaron el año pasado en más de 52 mil millones de pesos, en tanto que las proyecciones para 2018 apuntan a una mejoría significativa, con lo cual se admite mejoría en los niveles de eficiencia tributaria, aunque los daños colaterales a la economía y gobernanza no han sido cuantificados.
No se objeta que las autoridades procuren cobrar los impuestos; lo que se cuestiona es que los esfuerzos por un equilibrio presupuestal recaigan básicamente sobre la clase media y las pymes, cuando se pueden disminuir exenciones o exoneraciones marcadas por el privilegio.
La clase media carga muy pesado con impuestos indirectos o no declarados como la obligación de subvencionar servicios de educación, salud, transporte, energía eléctrica, seguridad e inflación acumulada expresada en congelamiento salarial o disminución de ingresos.
Pretender suplir la baja presión fiscal 14.5 % del PIB por vía de apretar el torniquete a la clase media y a las pymes, aunque incrementan los ingresos públicos, pueden causar en el corto plazo un daño colateral en los indicadores económicos y en la gobernanza. Urge, pues, reorganizar la carga tributaria.
