Opinión

Dar en el clavo

Dar en el clavo

El doctor Eduardo Jorge Prats, quien fue asesor de la Procuraduría General de la República en las negociaciones con la empresa brasileña Odebrecht, denunció ayer que militares y funcionarios que trafican y cobran los sobornos a inmigrantes son quienes están llenando la República Dominicana de haitianos indocumentados.

Por tratarse de un reputado abogado constitucionalista que ha sido asesor legal de instituciones públicas y de empresas privadas, el juicio externado por el doctor Jorge Prats debería ser asumido con gran preocupación por la sociedad, en el entendido de que se sustenta en pruebas o evidencias.

Jorge Prats ha aconsejado no molestarse con Haití por el incremento de la inmigración ilegal, sino con militares y funcionarios que reciben sobornos y trafican ilegalmente en la frontera con esos extranjeros, una denuncia que adquiere relieve en voz de ese prestante jurisconsulto.

En otro aspecto, tiene razón al afirmar que el Estado dominicano debe cumplir su responsabilidad de apellidos a unos 300 niños abandonados, sin importar si son haitianos o dominicanos, al tiempo que adopta medidas para controlar eficazmente la frontera.

La denuncia de que militares y funcionarios cobran sobornos y trafican con indocumentados haitianos, formulada por un exasesor de la Procuraduría General, debe ser objeto de la más alta atención por parte del Ministerio Público y los mandos militares, porque puede ser que el doctor Eduardo Jorge Prats haya dado en el clavo.

Jueces soberanos

El presidente del Colegio de Abogados, doctor Miguel Surún, ha dicho una gran verdad al señalar que las decisiones de los tribunales deben ser respetadas y sólo recurridas por vía de los recursos que establece la ley.

Es así como debe ser abordada la decisión de la jueza Katherine Rubio Matos, quien otorgó permisos para que más de 60 reclusos se ausentaran de los recintos carcelarios desde el 30 de diciembre al 2 de enero, por lo que se entiende que el Ministerio Publico ha debido recurrir ese fallo.

Corresponde al Consejo del Poder Judicial, sin presiones de ninguna especie, determinar si esa magistrada actuó de conformidad con la ley, sin emitir juicio de valor sobre la pertinencia o no de la referida medida. Los jueces son soberanos.

El Nacional

La Voz de Todos